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Proyecto confiscatorio

Provoca rechazo iniciativa legislativa de un grupo de parlamentarios del oficialismo.

Un proyecto de ley presentado por un grupo de congresistas de Perú Libre en el que hace referencia al uso del espectro en radio y televisión amenaza con incendiar la pradera. Se han pronunciado en contra –rápidamente- instituciones que velan por las libertades y los derechos humanos, porque la libertad de expresión es considerada uno de los principales y fuente de otros derechos.

El Consejo de la Prensa Peruana llamó a la urgente rectificación de este tipo de acciones que borran con una mano las declaraciones presidenciales dando seguridades sobre el pleno respeto a la democracia; mientras en el país, algunos congresistas alientan iniciativas confiscatorias dirigidas a limitar el derecho a la información y al ejercicio de la prensa en su rol fiscalizador y crítico de las acciones y decisiones del Gobierno.

La organización IPYS ha indicado que existe “un peligro expropiatorio explícito” y calificó de inconstitucional el proyecto porque se está interpretando equivocadamente a los medios de comunicación como prestadores de un servicio público, sujeto, por tanto, a regulación del Estado. Con ello, tranquilamente se puede condicionar informativamente a un medio, para limitar la crítica y/o la fiscalización.

La Sociedad Nacional de Radio y Televisión también alertó sobre los resultados que podría provocar una norma que, además de proponer un plan de distribución de frecuencias del espectro electromagnético y radioeléctrico, considera que el Ejecutivo puede asumir cualquier medio de comunicación existente, de manera temporal y por alguna razón de urgencia o necesidad. Para la entidad que agrupa a los principales medios de TV y radio, se trata de un real peligro que debe ser frenado de inmediato.

Transparencia reiteró la vigencia de la Ley de Radio y TV que “recoge los principios que garantizan la libertad de prensa y el derecho ciudadano a una información plural, veraz e imparcial”.

El propio canciller Óscar Maúrtua mostró su preocupación por que, según aseguró, el proyecto de ley colisiona con instrumentos internacionales que el Perú suscribió y que constituyen parte de nuestra normativa. Se refirió a la Convención de DDHH de Naciones Unidas que consagra la libertad de expresión y la Convención Interamericana de DDHH, que también la incorpora como un derecho humano, consustancial a las libertades y a la vigencia de la democracia.

Urge que el presidente Castillo fije su posición al respecto. Ya el Consejo de la Prensa ha planteado –en una reunión con el mandatario- la necesidad de que el Perú suscriba las declaraciones de Chapultepec y Salta, para garantizar que estas iniciativas no ensombrezcan la marcha y la estabilización de un Gobierno que debe alejarse de toda fuente de intolerancia y radicalidad.