Un proyecto de ley presentado por un grupo de congresistas de Perú Libre en el que hace referencia al uso del espectro en radio y televisión amenaza con incendiar la pradera. Se han pronunciado en contra –rápidamente- instituciones que velan por las libertades y los derechos humanos, porque la libertad de expresión es considerada uno de los principales y fuente de otros derechos.
El Consejo de la Prensa Peruana llamó a la urgente rectificación de este tipo de acciones que borran con una mano las declaraciones presidenciales dando seguridades sobre el pleno respeto a la democracia; mientras en el país, algunos congresistas alientan iniciativas confiscatorias dirigidas a limitar el derecho a la información y al ejercicio de la prensa en su rol fiscalizador y crítico de las acciones y decisiones del Gobierno.
La organización IPYS ha indicado que existe “un peligro expropiatorio explícito” y calificó de inconstitucional el proyecto porque se está interpretando equivocadamente a los medios de comunicación como prestadores de un servicio público, sujeto, por tanto, a regulación del Estado. Con ello, tranquilamente se puede condicionar informativamente a un medio, para limitar la crítica y/o la fiscalización.
La Sociedad Nacional de Radio y Televisión también alertó sobre los resultados que podría provocar una norma que, además de proponer un plan de distribución de frecuencias del espectro electromagnético y radioeléctrico, considera que el Ejecutivo puede asumir cualquier medio de comunicación existente, de manera temporal y por alguna razón de urgencia o necesidad. Para la entidad que agrupa a los principales medios de TV y radio, se trata de un real peligro que debe ser frenado de inmediato.
Transparencia reiteró la vigencia de la Ley de Radio y TV que “recoge los principios que garantizan la libertad de prensa y el derecho ciudadano a una información plural, veraz e imparcial”.
El propio canciller Óscar Maúrtua mostró su preocupación por que, según aseguró, el proyecto de ley colisiona con instrumentos internacionales que el Perú suscribió y que constituyen parte de nuestra normativa. Se refirió a la Convención de DDHH de Naciones Unidas que consagra la libertad de expresión y la Convención Interamericana de DDHH, que también la incorpora como un derecho humano, consustancial a las libertades y a la vigencia de la democracia.
Urge que el presidente Castillo fije su posición al respecto. Ya el Consejo de la Prensa ha planteado –en una reunión con el mandatario- la necesidad de que el Perú suscriba las declaraciones de Chapultepec y Salta, para garantizar que estas iniciativas no ensombrezcan la marcha y la estabilización de un Gobierno que debe alejarse de toda fuente de intolerancia y radicalidad.