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En defensa de la Defensoría

Se trata de la institución que mejora la relación entre el Estado y los ciudadanos.

La Defensoría del Pueblo es una institución cuyo funcionamiento hace posible una mejor convivencia en contextos democráticos. Así lo ha hecho desde 1993, año en que nació en el marco constitucional, para servir al ciudadano en sus múltiples, complejas y difíciles relaciones con el Estado. Y cabe anotar que es una de las entidades públicas que gozan de mayor prestigio.

Para solo citar algunas de sus funciones, diremos que acude en defensa de los ciudadanos que ven vulnerados sus derechos, quienes sufren abusos por parte del Estado, los pensionistas, todos aquellos que son víctimas de los proveedores de servicios públicos. Es enorme la gama de intervenciones de la Defensoría, que ahora está verificando el orden y la calidad de la vacunación.

La primera acción de la Defensoría del Pueblo liderada por Jorge Santistevan de Noriega fue liberar a más de 600 personas injustamente condenadas por terrorismo. Las víctimas de las esterilizaciones forzosas, cuya denuncia se sigue ventilando en los tribunales nacionales, fueron acogidas por esta entidad. La decisión judicial en favor de Ana Estrada, a la que ahora se le reconoce su derecho a decidir sobre su muerte asistida, también tuvo su origen en una demanda de la Defensoría.

La propuesta del candidato Pedro Castillo de cerrar la Defensoría debería rectificarse de inmediato porque se trata de cercenar un enorme logro democrático en un país en el que hay una vulneración constante de los derechos humanos y derechos civiles.

Es entendible que en las zonas del país donde coexisten las poblaciones con áreas de explotación minera, que son de alta conflictividad, se requiera de instituciones de mayor perfil y con mayor iniciativa y capacidad de decisión, que hagan valer el derecho a una vida digna. La Defensoría, aunque goza de autonomía, solo hace recomendaciones y exhortaciones y sus decisiones no tienen carácter mandatorio. Un reforzamiento de su labor y de su función tuitiva puede mejorar su accionar y garantizar un mejor servicio. Se necesita fortalecerla, no amenazarla.

En un país marcado por una intensa polarización, entidades que generen espacios de diálogo y hagan más fácil la relación del Estado con los ciudadanos no solo son útiles sino necesarias.