La justicia exprés
Las sentencias en tiempo récord debilitan la credibilidad del sistema y no contribuyen a la lucha contra la corrupción.
Posiblemente el expresidente Martín Vizcarra sea culpable de las imputaciones que le ha formulado la justicia, pero en nada ayuda a la lucha anticorrupción que se busque inhabilitar al adversario político mediante mecanismos a los que rápidamente se les ve el forro y que, además, parecen redactados e impulsados con sangre en el ojo.
Estas sentencias exprés que se aplican con inusitada velocidad debilitan la credibilidad en el sistema democrático porque generan un sesgo de sospecha y, al mismo tiempo, permiten que el acusado pueda rápidamente argüir que es una víctima de persecución política.
Algunos elementos que apuntan a que en el caso de Vizcarra se actúa con criterio que poco o nada tiene que ver con la función fiscalizadora del Poder Legislativo los dan los casos emblemáticos que esperan desde hace años que se adopten acciones para acelerar la acción de la justicia.
Ejemplos tenemos varios: los expedientes del excongresista fujimorista Héctor Becerril y de la excongresista aprista Luciana León −ambos por casos de corrupción− duermen el sueño eterno en alguna comisión congresal.
Durante los años 2020 y 2021, desde el Congreso de la República se ha buscado la impunidad del congresista Edgar Alarcón con absoluto desparpajo. Ausentismo a la hora de sesionar, excusas por enfermedad (covid) y abierto respaldo a la hora de votar han permitido que un exfuncionario con varios procesos que requerían el levantamiento de la inmunidad parlamentaria siga gozando de ese beneficio y hasta haya sido designado presidente de una comisión encargada de fiscalizar a otros funcionarios públicos también sospechosos de corrupción.
La votación unánime −26 votos− en la Comisión Permanente y la petición de algunos congresistas para que se reúna el Pleno mañana sábado, a un día de las elecciones presidencial y congresal, para que se vote la inhabilitación por diez años en la función pública contra Martín Vizcarra es un despropósito desde donde se mire.
La celeridad, que no muestran en otros casos mucho más antiguos, solo apuntala la versión de la venganza que empezó en noviembre con su vacancia y que hoy podría derivar en su inhabilitación política y puede favorecer su candidatura congresal.
Es más, a Vizcarra le podría servir a su defensa para armar un buen expediente ante el Poder Judicial y los propios tribunales internacionales.
Dicho esto, hay que pedir la celeridad de nuestro sistema de justicia y la aplicación de las sanciones garantizando el debido proceso y la igualdad de condiciones ante la ley.
Como bien dice el dicho, justicia que tarda no es justicia.
