Para poder pactar

El Perú recibirá el bicentenario de su independencia en el peor de los escenarios imaginables. La fecha, que se suponía de celebración, estará marcada por una crisis profundísima de múltiples orígenes, en la que coinciden la descomposición política, la emergencia sanitaria, la depresión económica y una oferta electoral incapaz de producir el menor entusiasmo.

Semejante combinación de factores ha llevado a varios analistas políticos a vaticinar un futuro especialmente pesimista. Como las causas de nuestros problemas llegarán intactas al 28 de julio, debemos prepararnos para un período de inestabilidad semejante o peor al que vivimos desde hace cinco años, cuando Pedro Pablo Kuczynski asumió la presidencia y el Congreso pasó a ser controlado por una mayoría de Fuerza Popular.

¿Cómo afrontar este porvenir sombrío? ¿Le quedan salidas a quien resulte elegido presidente para sobrevivir a la voracidad de un Congreso fragmentado, con presencia de esas mismas organizaciones que nos asomaron al despeñadero (universidades sin acreditación, Lava Jato, cuellos blancos del puerto, etc.)? Si garantiza su supervivencia, ¿podrá empujar una agenda mínima que contribuya a sacarnos del hoyo?

Algunas opiniones (Tanaka, Pedraglio, Requena) apuntan con acierto a la necesidad de construir un gobierno que, a partir de algunas coincidencias elementales, se sustente en una coalición de diferentes agrupaciones políticas. Lo ideal sería alcanzar una mayoría parlamentaria, pero, incluso si no fuera posible, el fantasma de la vacancia estaría superado. Otros proponen condiciones que preceden a la idea de una coalición. En un artículo muy comentado, Alberto Vergara ha sugerido un pacto de no agresión entre el Ejecutivo y el Legislativo que se resuma en la máxima: «No vacaré, no disolveré». Fernando Vivas cree que este acuerdo no podría ocurrir en plena campaña, que el momento para lanzarlo sería luego de la primera vuelta –una vez conocida la composición del Congreso– y que la única manera de materializarlo es rebajar la estridencia del debate, desterrando a los extremistas y «carboneros».

Estaría muy bien hacer a un lado a «los abogados que recomiendan querellas en lugar de conciliaciones y politizan la estrategia de defensa de sus patrocinados», a «los asesores que pintan fantasmas en lugar de dar soluciones y conducen a sus asesorados a pisar los palitos que les lanzan», a «los jefes de imagen que les subrayan los ataques que reciben y les provocan reacciones airadas» y a «los amigos y ayayeros que […] alimentan las teorías conspirativas». Pero estos son actores habituales de una elección aquí y en cualquier lugar del mundo, y lo más probable es que la desaparición de uno propiciaría la rápida aparición de un reemplazo tan o más radical que el original.

Tratar de atenuar estas tensiones y propiciar un clima de entendimiento básico será imposible –y, si se logra, resultará inútil– mientras sigan prevaleciendo aquellos que escapan a la lógica de la negociación política y la reemplazan por los códigos, cálculos y procederes de las mafias. Identificar y aislar a estos actores servirá para saber con quiénes se puede contar en ese empeño de un mínimo e indispensable concierto que evite otros cinco años de parálisis y asolación nacional.