Cortar por lo sano

El presidente Sagasti cortó rápidamente con una especulación que llegaba hasta su propio Consejo de Ministros, para señalar que se está realizando una investigación sumaria sobre la aplicación de dosis de vacunas a funcionarios públicos y que los resultados que se logren se harán públicos en el más breve plazo.

La Secretaría del Consejo de Ministros, en la misma línea, ha enviado un oficio en el que ordena a los funcionarios de todos los sectores que informen si han recibido el beneficio de esta vacuna.

Con ello, esperamos, ha cortado una potencial crisis que ya se estaba larvando con la renuncia de la canciller Elizabeth Astete, y otros funcionarios, quien confirmó haber sido vacunada en enero pasado.

Cualquier aprovechamiento político con el afán de desestabilizar el gobierno de transición o alterar el proceso de vacunación en marcha, debe ser enfrentado con armas democráticas, y la transparencia es una de ellas.

Es indispensable que en aras de la transparencia que debe acompañar a todo acto de gobierno, sobre todo cuando se trata de un caso de salud pública como la vacunación, no se echen sombras sobre una campaña que, en el caso peruano, constituye la diferencia entre la vida y la muerte para miles de compatriotas.

Tenemos que resaltar que las vacunas para los 12 mil voluntarios han contado con una serie de controles, por tratarse de una investigación médica experimental que requería ser documentada paso a paso. La cláusula de confidencialidad establecida entre el laboratorio Sinopharm y la Universidad Cayetano Heredia es absolutamente válida y debe respetarse.

Explicar con prontitud la procedencia y utilización del lote extra, y sobre todo la razón de su entrega, facilitará que el exitoso proceso de vacunación continúe en beneficio de todos los peruanos.