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Las evasiones de Alarcón

Casos contra el excontralor y congresista de UPP van a paso de tortuga blindados por el Congreso.

Enriquecimiento ilícito agravado es el presunto delito del que se acusa al congresista Edgar Alarcón ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y la ponente del caso es la congresista Felicita Tocto, de Descentralización Democrática. Esta es una denuncia en su contra, de las tres formuladas por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en julio pasado.

Las otras dos denuncias son por peculado doloso y por participar presuntamente en “Los Temerarios del Crimen” junto con Javier Velásquez Quesquén y Marvin Palma. Estos dos casos avanzan a paso de tortuga, pese a los seis meses transcurridos desde su presentación.

La exposición del informe que puede derivar en una denuncia constitucional y el levantamiento de su inmunidad parlamentaria estaba fijada para este viernes y se postergó nuevamente, para verse la próxima semana. La excusa en esta ocasión fue el viaje del congresista Alarcón a Arequipa, razón por la que planteó una reprogramación, y se la concedieron.

Más allá del conjunto de pruebas que acumula la congresista Tocto, todas ellas sustentadas en pericias contables efectuadas por la fiscalía especializada, es indudable que el congresista Alarcón goza de un extraño manto de protección que lo va alejando de los procesos y las comisiones investigadoras.

Es más, a pesar de todos los cuestionamientos a su presencia y participación en la Comisión de Fiscalización, en la que es juez y parte y en la que ventila casos ajenos de corrupción mientras los suyos se postergan en otras instancias, se mantiene firme en el cargo pese a que su bancada UPP ha hecho una y otra vez la promesa de retirarlo.

La subcomisión que encargó la responsabilidad de la investigación a la congresista Tocto debe permitir que ella ventile los alcances de su investigación, eleve sus pruebas y se le conceda la audiencia para el interrogatorio a Alarcón, con asistencia del Ministerio Público como parte agraviada.

Luego de escuchar los descargos, ella tendrá 5 días para elaborar su informe final y trasladar la decisión a la Comisión Permanente. La propia presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, reclama celeridad. Justicia que tarda no es justicia, dicen los entendidos. Añadiríamos, Congreso que no escucha no es Congreso.