David Rivera

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Zoom, por David Rivera
Lima, 1972. Economista de la U. del Pacífico, he dedicado mi carrera profesional al periodismo y a la comunicación política. He sido editor adjunto de la revista Semana Económica, editor de Economía de El Comercio y director de la revista PODER. También conductor de televisión en canal N y canal 7. Hoy soy columnista en La República y Sudaca.pe

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¿Contradicción o chantaje?

“Para las élites de nuestro país es posible considerar un “milagro” a un proceso que podría haber seguido eternamente fundamentado tanto en la mamadera del Estado, como en la mano de obra barata”.

Los empresarios de la agroexportación, y la derecha que los respalda, han afirmado que los aumentos salariales que piden los trabajadores pondrían fin al “milagro” agroexportador. El Ministerio de Economía ha ido más allá. Ha asegurado que con una bonificación de S/ 6 al día (20% de la remuneración mínima), sin efecto remunerativo (no computable para la CTS ni gratificaciones), la industria alcanzaría una rentabilidad tan baja que cualquier incremento adicional la haría inviable.

Pareciera que la necesidad de defender el statu quo vigente por 20 años los está llevando a no ser conscientes de las implicancias de dicha afirmación, porque, de ser cierta, tendríamos que preguntarnos si ese es el tipo de “milagro” que anhelamos como país. Más aún, si queremos que nuestros impuestos vayan a financiar un “boom” cuya máxima promesa de prosperidad es la que hemos conocido por las protestas.

Para medir las implicancias de lo afirmado por el MEF y la industria, es necesario recordar que: (i) los impuestos que dejaron de pagar suman unos S/ 2.900 millones entre el 2005 y el 2020 (información del MEF); (ii) que si no se derogaba la ley, en el 2021 hubiesen dejado de pagar S/ 450 millones; (iii) los S/ 300 millones anuales no pagados a EsSalud; (iv) los millonarios proyectos de irrigación construidos con dinero de todos los peruanos; y (v) los recursos que el sector público destinó a abrir nuevos mercados y a fortalecer instituciones fundamentales como el Senasa.

¿Nos está diciendo el MEF y la agroindustria que, a pesar de todo ello, no lograron un nivel de competitividad y rentabilidad que les permitiese valerse por sí mismos y generar mejores condiciones laborales que la precariedad que hemos conocido? Más aún, ¿nos están diciendo que el “boom” y el futuro del sector se basaba -y se basa- en mantener salarios bajos y derechos laborales mínimos?

Productividad, salarios y derechos

El exviceministro de Trabajo, Fernando Cuadros, ha señalado que el aumento de la productividad media entre los años 2001 y 2019 ha sido mayor en 50% que el incremento de la remuneración real promedio. Según dichos cálculos, habría margen para un incremento mayor al planteado por el MEF (aunque no alcance a lo solicitado por los trabajadores). Pero, como han señalado Mujica y Zegarra, la propuesta de un bono de 20% para la remuneración mínima beneficiaría solamente al 24% de trabajadores que ahora ganan entre 39 y 45 soles diarios (incremento promedio de 3 soles).

El ministro de Economía, Waldo Mendoza, ha afirmado que ninguna empresa aguanta un aumento de más de 20% de su planilla en un solo año. Asumiendo ese argumento como válido, si el MEF conoce que la evolución de la productividad media ha sido mayor que la de la remuneración promedio, su propuesta debería plantear por lo menos aumentos progresivos para los próximos años. En el campo estrictamente técnico, el debate debería girar alrededor de este punto.

Los defensores del régimen también han intentado crear el fantasma de que mayores aumentos de los beneficios laborales afectarían principalmente a las medianas y pequeñas empresas. Al respecto, el investigador de Grade, Eduardo Zegarra, ha señalado que eso no es cierto en la medida que dichas empresas podrían acogerse al régimen especial -laboral y tributario- mype (con ventas de hasta 1.700 UIT anuales o con menos de 100 trabajadores).

Más aún, como muestran los datos, las grandes empresas del régimen (con más de 100 trabajadores) representan el 85% del empleo generado. Si es cierto que estas empresas ya están familiarizadas con los estándares laborales que les exigen sus clientes extranjeros, ¿cuál es la limitación para que se legalicen?

No es la única pata floja de la posición de los defensores del régimen. Si el Ministerio de Economía está convencido de que las empresas solo soportan un incremento no remunerativo de 20%, ¿no debió plantear una estrategia para que los beneficios tributarios apuntasen a aumentar competitividad y rentabilidad con inversiones en innovación, sistemas riego, diversificación de productos, etc.? ¿Por qué ni siquiera asoman esas ideas?

Entre otras razones, porque para las élites de nuestro país es posible considerar un “milagro” a un proceso que podría haber seguido eternamente fundamentado tanto en la mamadera del Estado, como en la mano de obra barata.

Trabajadores por tamaño de empresas.