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Políticos investigados

La hora de las responsabilidades.

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ha dispuesto las primeras acciones en la investigación preliminar que dirige por ocho meses contra del expresidente de facto Manuel Merino de Lama y sus exministros Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez Limo, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y homicidio doloso en agravio de Jordan Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez.

Asimismo, ha declarado complejo el caso para indagar las violentas represiones policiales contra las movilizaciones ciudadanas. Por estos sucesos, la Fiscalía imputa a los ex altos funcionarios los delitos de abuso de autoridad, homicidio doloso, lesiones graves, lesiones leves y desaparición forzada. Todo ello en el contexto de violaciones a los derechos humanos, cuyos delitos en caso de probarse serán imprescriptibles.

Cuando el pasado 16 de noviembre la fiscal de la Nación abrió esta indagación, señaló un alto punto de partida; dijo que hemos sido testigos de lamentables hechos que han enlutado, hasta el momento, a dos familias peruanas y puedo asegurarles que esas muertes no quedarán impunes.

Los plazos de la investigación se difunden a pocas horas de que arribe al Perú la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que liderada por su presidente apreciará el contexto y se reunirá con los familiares de las víctimas. El caso de las muertes de los jóvenes peruanos es ya objeto de atención de los organismos defensores de los DDHH y es natural y correcto que sea judicializado, a diferencia de decenas de muertos en protestas sociales de los últimos años cuyos decesos han quedado en el olvido judicial.

Los investigados son políticos que lideraron un golpe de Estado y dirigieron las operaciones para sofocar la pacífica protesta ciudadana. Por el mismo caso son investigados los mandos policiales, aunque es justo que los políticos rindan cuentas de sus actos.

Es contradictorio que los eventos posteriores a la crisis política generen efectos tan contrarios. Mientras la justicia y los organismos hemisféricos de DDHH se esmeran en cumplir su cometido, los grupos nostálgicos del fracasado golpe hacen todo lo posible para evitar la normalización democrática y buscan la impunidad y el desorden en la policía.