Evidencia con urgencia
Evitar un rebrote que afecte la reactivación de la economía y el proceso electoral.
El Gobierno ha extendido el Estado de Emergencia hasta el 30 de noviembre en el marco de la lucha contra la pandemia del COVID-19, con las restricciones ahora vigentes como el toque de queda y el impedimento de reuniones. Al mismo tiempo, ha revelado que algunos gremios ejercen presión para que la economía se abra como si estuviésemos en una etapa de normalidad.
La preocupación es válida considerando el rebrote en varios países de Europa, en estados de EE. UU. y otros países de la región, aunque habría que fijar parámetros de decisiones que no pueden consistir como al inicio de la pandemia, es decir, la disyuntiva de prohibir o no, sino en cómo ejercer un mejor control evitando los focos de contagio.
De las disposiciones generales, la prohibición de reuniones sociales y el toque de queda siguen siendo convenientes, luego de saberse que los contagios en julio y agosto se debían a contactos familiares y comunitarios. Otras actividades que implican la afluencia de público, como el acceso a las playas o el funcionamiento de centros de culto religioso, deben ser evaluadas en el conjunto de sus riesgos, considerando días, aforos y horarios, para que no se adopten decisiones incoherentes sin estudio y motivación que perjudiquen a unos y beneficien a otros. Por ejemplo, es justo preguntarse si la reapertura de Machu Picchu permitirá la misma aglomeración que se produciría en algunas playas limeñas.
La cuestión de los aforos y los horarios es crucial para la prevención. En Europa esta ha sido una de las razones del rebrote que sacude al Viejo Continente. El otro extremo son las prohibiciones planas que no cuentan con evidencia y argumento. Un propósito nacional en este momento debería ser evitar a toda costa la irrupción de un rebrote de proporciones que ponga en riesgo la reapertura de la economía y las elecciones.
En este punto de la situación, y siempre teniendo como objetivo evitar un rebrote que arruine lo avanzado, el Ministerio de Salud no puede abandonar el liderazgo de la evidencia. Es inaudito que luego de seis meses de iniciada la pandemia no se tenga un estudio de seroprevalencia, estudios sobre la evolución del virus en grupos etarios y en territorios, y de los índices de contagio por áreas de actividad.
