La salud mental es un derecho

El confinamiento de los mayores de 65 (entre los cuales me cuento) es otra perla en el rosario de medidas tomadas sin criterio por el Gobierno. Pretender que, por ser población de riesgo, lo hacen para “cuidarnos” es otro ataque al principio de razonabilidad y a la capacidad de pensar. En este caso, sobre todo la capacidad de pensar de quienes han tomado esta decisión desacertada e inconstitucional. Además de perjudicial para la salud mental no solo de los directamente afectados, sino de sus allegados.

Ver sufrir a tus mayores es doloroso. Pero cuando esto es innecesario, es también desesperante. Como bien señala Rosa María Palacios en su columna del domingo en este diario, “cuando la receta médica individual se convierte en nacional, se legaliza el abuso”. Expertos como Edward Málaga-Trillo lo han repetido hasta el cansancio: lo que se requiere es rastreo y, como insiste una y otra vez Marco Sifuentes en su exitoso mininoticiero La Encerrona, no con pruebas rápidas.

En vez de escuchar y actuar en consecuencia, el Gobierno persiste en dar palos de ciego. Para los que toman esas decisiones, la salud mental es un costo deleznable ante la gravedad de la pandemia. Que los viejos se depriman, qué pena, es por su bien.

Pues no. No es por su bien. Todo indica que es por el bien de quienes no han podido enfrentar adecuadamente la pandemia. Nadie pretende decir que era tarea fácil. Acaso era un desafío imposible para un país tan precario como el nuestro. Eso es algo que podemos aceptar, es mero principio de la realidad. Nunca tuvimos una oportunidad contra este virus, al carecer de personal y equipos. Pero esto se agrava cuando se adoptan políticas punitivas y se señalan chivos expiatorios. Encubrir el clamoroso fracaso, –y apostar tácitamente por la inmunidad de rebaño– a costa de la salud mental de los más vulnerables (incluidos los niños), solo agrava la situación.

Es preciso dotarnos de los elementos indispensables, como las pruebas adecuadas para un rastreo eficaz y el personal necesario para hacerlo, en previsión de una segunda ola más que probable. Pero enfermar mentalmente a los mayores, ya agotados por un confinamiento insufrible, es querer enmascarar la incompetencia con el abuso y el castigo. Que es caldo de cultivo de la corrupción policial. Solo queda, como señala Rosa María, luchar por nuestros derechos.