Raúl Tola

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Tambores de golpe (II)

“La sensación que queda es que, en su afán de construir un caso de vacancia, Alarcón ha decidido engordar el expediente para generar falsa impresión...”.

¿En qué categoría debemos incluir los audios que ha presentado el congresista Edgar Alarcón sobre el presidente Martín Vizcarra? ¿Cuántos prueban un delito? ¿Estamos ante una operación de profilaxis ética o ante una maniobra para obtener fines subalternos, que perjudicará todavía más a nuestro país en medio de la crisis sanitaria?

De todos los audios presentados, el único que incluye una conducta comprometedora es el primero. Para algunos penalistas, este es prueba de encubrimiento real y obstrucción a la justicia. Para otros, es solo la coordinación de una mentira, que no busca ocultar un acto ilícito.

En todo caso, su naturaleza debería ser dilucidada por la justicia luego de un debido proceso. Algo que, tratándose del presidente de la República, tendría que ocurrir después de su mandato.

Varios hechos hablan de la temeridad con la que se está actuando, como la acumulación de numerosos audios a ese primero. La sensación que queda es que, en su afán de construir un caso de vacancia, Alarcón ha decidido engordar el expediente para generar la falsa impresión de que hay abundante material contra el presidente.

Lo que no puede aceptarse es que, con solo este elemento —cuya naturaleza delictiva no está definida—, el Congreso pretenda emprender un proceso de vacancia presidencial, el tercero dentro de este turbulento período que arrancó en 2016.

Esto debería hacernos reflexionar sobre el manejo absolutamente irresponsable y ligero que se le viene dando a una institución tan dramática y excepcional como esta. Los peruanos parecemos haber asumido que a un presidente se le puede echar por casi cualquier cosa, algo que no tiene ningún sentido y que más bien socava gravemente los cimientos de nuestro armazón institucional.

El Congreso pretende echar a Vizcarra con base en lo que, de momento, es su apreciación de unos hechos que deben ser judicializados imparcialmente, no empleados como el detonante de un cargamontón.

Para decirlo claro, estamos ante un intento de golpe de Estado emprendido por personajes tan cuestionables como Edgar Alarcón y Manuel Merino que, con esta maniobra, intentan borrar un verdadero prontuario de acusaciones por corrupción y satisfacer sus visibles ansias de poder.

Debemos exigir una investigación seria y rigurosa a Vizcarra, pero, al mismo tiempo, rechazar claramente esta conspiración antidemocrática que busca asaltar Palacio de Gobierno por la puerta de atrás.