Paso al costado

Luego de algunos días de tensión entre varias instituciones del Estado, se ha reunido el Consejo de Estado que, si bien no es una instancia reconocida legalmente, es un espacio de provechoso intercambio de opiniones y de coordinación, lo que se acredita nuevamente.

A la cita acudieron los líderes del Ejecutivo, Congreso y Poder Judicial, y de varios organismos autónomos como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República. El hecho de la reunión resume la intención de los asistentes de rebajar las tensiones y procurar que las diferencias transcurran en un clima democrático que se conduela de la pandemia y la crisis, que afectan a millones de compatriotas.

Según se ha reportado, en la reunión ha constatado un cambio de actitud respecto del clima precedente y se ha tomado nota de la vocación por llegar a un punto de encuentro en el marco de un espíritu autocrítico. El comunicado posterior al encuentro pone énfasis en que sobre el principal punto de controversia, la reforma política, que se ha convenido en debatirlo de modo amplio, reflexivo y plural.

Este cambio inicia la desactivación de la tendencia de polarización que se había impuesto en el Parlamento, aunque el desafío del retorno a la responsabilidad obliga a otras decisiones. Una de ellas es asumir como un grave error la reforma constitucional violenta e irreflexiva de claro sentido inconstitucional aprobada recientemente con 110 votos, de la que algunos grupos han empezado a desentenderse, acusando a otros.

En ese camino, varias bancadas han solicitado la renuncia del presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, actor principal del desaguisado, promotor de las voces agresivas y destempladamente desinformado. Su presencia en ese grupo de trabajo no garantiza que la reforma pueda ser abordada con solvencia y tino, de modo que no habrá un giro en la reforma política si se mantiene al frente de ella.

Sucede otro tanto con la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Desde varios sectores se señaló que una persona con tantos cuestionamientos asumiera la tarea de fiscalizar al poder, presumiéndose que desde el cargo pretendería sobreactuar, ya sea para intentar demostrar que las acusaciones contra él son falsas, como para vengarse de quienes contribuyeron a su destitución de la Contraloría. Hace poco, Alarcón fue denunciado por la fiscal de la Nación por el delito de peculado doloso y enriquecimiento ilícito. Quien ostenta esa trayectoria y esta formal acusación, no puede liderar las actividades de control político del Parlamento.