Sabotaje a la reforma
La pretensión de anular operativamente a la Sunedu
La Comisión de Educación del Congreso pretende impulsar una modificación regresiva de la Ley Universitaria, forzando los procedimientos parlamentarios, con el sigilo nocturno que es propio de las iniciativas que responden a cuestionables intereses.
Hace horas, a medianoche, el presidente de este grupo de trabajo difundió un predictamen. Una de las propuestas es la creación de una nueva instancia que, por encima de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), revise los recursos de impugnación que eventualmente presenten las universidades privadas cuyas licencias han sido denegadas. Esta instancia sería el Consejo Nacional de Asuntos Universitarios (CONAU), integrada por un representante del Ministerio de Educación, uno de las universidades públicas, uno de las universidades privadas, uno del Poder Judicial y el defensor del Pueblo. Un sexto integrante sería designado por los integrantes de la Comisión de Educación del Congreso.
El predictamen también propone un plazo de cuatro meses de moratoria para que no se puedan tramitar solicitudes de creación de nuevas universidades. El Ejecutivo propone que este plazo sea hasta abril del 2021 debido a que la Sunedu tiene pendiente la culminación del proceso de licenciamiento de siete universidades y la reorganización de 21 universidades públicas.
El propósito es tan rocambolesco como peligroso. Propone colocar una superintendencia por encima de la Sunedu, que es otra superintendencia, haciendo más engorroso el proceso de reclamación que, de acuerdo a la Ley Universitaria, tiene expedido el recurso judicial como corresponde a toda decisión administrativa. El objetivo, que fluye de la composición del Consejo que se pretende imponer, es colocar a las autoridades universitarias como jueces y parte, es decir, controlar la Sunedu y anularlo de hecho.
No debe investigarse mucho para descubrir en este intento de sabotear la Ley Universitaria la mano de los partidos con intereses en universidades no licenciadas o con fuertes controversias con la Sunedu, a lo que se agrega la predisposición de ciertos políticos para establecer alianzas oscuras para las elecciones del año 2021 con fines no educativos sino de financiamiento electoral.
El intento debe ser rechazado de plano. La Ley Universitaria es una norma joven que ha logrado en poco tiempo transformaciones en la calidad de la educación universitaria, atajando el desorden y la informalidad, y garantizando que el derecho a la educación sea atendido en su integridad.
