En mi artículo anterior, titulado “El tamaño sí importa”, mencionaba que uno de los grandes retos que tienen las autoridades municipales es proyectarse hacia la “nueva realidad” o al “Coronaliving”, con reglas claras y sensatas para así enfrentar una crisis como la actual, para que la ciudad y sus habitantes puedan coexistir en forma menos traumática y de manera más amigable.
Las municipalidades no solo deben considerar plantear el uso mixto de ciertas actividades urbanas en zonas multifamiliares, sino deben prestar atención en modificar el índice de usos de actividades urbanas para un mejor y cercano servicio vecinal. El índice de usos es el listado de actividades que se pueden desarrollar en el marco de la zonificación, por ejemplo, dentro de una zona residencial de baja densidad se deberían permitir bodegas, peluquerías, panaderías, lavanderías, farmacias, etc. Pero sucede que en nuestra ciudad, en distritos como el de Miraflores y San Isidro, únicamente se permite el funcionamiento de “embajadas” en las zonas residenciales de baja densidad. No está de más mencionar que en las zonas residenciales con mayores densidades también son limitativos en cuanto a la permisibilidad de otras actividades urbanas que no sean las de habitar, y que son giros complementarios a la vivienda. Claramente todo ello impide que se genere el concepto de barrio que tanto anhelamos.
El índice de usos es tan extenso, incongruente y anacrónico, que es necesario mencionar algunos ejemplos para un mejor entendimiento del problema. Se permiten apartamentos, pero no se permiten residencias para adultos mayores. Se permiten boutiques de venta de ropa, zapaterías, pero no casas de novios. Se permite venta de antigüedades, pero no mueblerías. Se permite venta de aparatos telefónicos, pero no venta de computadoras, etc. El problema se agrava aún más cuando vemos que las reglas de juego difieren entre un distrito y otro vecino, cuando comprobamos que no se permiten ciertas actividades urbanas en algunas zonificaciones para un distrito y en cambio sí lo permite el distrito vecino, resultando un desbarajuste urbano difícil de entender e inconveniente para el desarrollo del país. No olvidemos que la ciudad es una sola y su funcionamiento y dinámica no conocen de límites distritales.
Toda esta cadena de problemas nos hace pensar que el manejo de las disposiciones municipales hace rato necesita profesionales en planificación urbana, así como especialistas en circulación vial, seguridad, entre otros, que puedan legislar pensando en el futuro de nuestra ciudad y así evitar que se produzcan cortocircuitos urbanos para el correcto desempeño de nuestras ciudades.
El índice de usos tiene que reflejar qué queremos para nuestras ciudades, si lo que añoramos son ciudades más humanas y democráticas, si lo que deseamos es menos desplazamientos, si lo que queremos es que nuestros hijos y mayores estén cerca, si lo que queremos es volver al barrio, todo ello solo lo podremos lograr simplificando los índices de usos vigentes, que están desfasados no reflejando la realidad actual, sino buscando se den normas uniformes en la medida de lo posible para los cuarenta y tres distritos de la provincia de Lima.
Tremenda responsabilidad y enorme reto que tiene en sus manos el Instituto Metropolitano de Planificación.
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