Panamá: US$200 millones de multa al ‘Club de la Construcción’
La huelga que paralizó el país minimizó la sanción a seis constructoras por concertar contratos públicos.
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Por Irene Escudero. EFE
La construcción se paralizó este miércoles en Panamá por una huelga enmarcada en las protestas que se extienden desde hace más de una semana por el país contra el alto costo de la vida, y que están provocando escasez de algunos alimentos en la capital. El poderoso sindicato de la construcción Suntracs inició una huelga de “advertencia de 24 horas” que alcanzó un seguimiento del 96%, aseguró a Efe su secretario general, Saúl Méndez.
La huelga y la crisis distrajo una noticia que remeció al poderoso sector de la construcción en Panamá: el pasado 8 de julio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó con 210 millones de dólares a seis principales constructoras españolas por haber concertado durante 25 años (1992-2017) las licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civiles de infraestructuras.
Para la comisión, “se trata de prácticas cuyos efectos han sido especialmente dañinos para la sociedad, ya que afectaron a miles de concursos convocados por Administraciones Públicas españolas para la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, entre otros.
La construcción es la principal industria de Panamá. En el 2019, antes de la pandemia, representaba el 14,5 % del producto interno bruto (PIB), pero para finales del 2021 solo llegaba al 8,8 % tras haber caído 5,5 % en el 2020, según datos oficiales.
Las investigaciones arrojaron que, desde 1992, el grupo se reunía semanalmente para analizar las licitaciones de obra pública que se habían publicado en diferentes plataformas de contratación del Estado. En esos encuentros, las empresas decidían los concursos en que iban a compartir entre todas o en un subgrupo.
El dato
Apelación. La agencia española EFE reveló que cuatro de las empresas multadas interpondrán un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, para lo cual disponen de un plazo de dos meses contados desde el pasado 7 de julio, cuando se emitió la sanción.
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