Indemnizarán con US$ 626 millones a vecinos intoxicados con agua contaminada en EE. UU.
Una medida de ahorro para la distribución del agua por parte de las autoridades puso en riesgo la vida de los residentes y visitantes.
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Judith Levy, jueza de Michigan en Estados Unidos, aprobó el miércoles 10 de noviembre un acuerdo para resolver las demandas presentadas por los residentes de la ciudad de Flint, quienes descubrieron que el agua del grifo de sus hogares venía contaminada con plomo, por lo que demandaron a las autoridades locales.
Los habitantes de la ciudad en mención no tuvieron agua potable segura desde 2014. Esto coincidió con la decisión de las autoridades de empezar a distribuir agua del río Flint como medida de ahorro.
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“La gente que trabaja para mí nos defraudó a todos. Y yo soy responsable de eso”, declaró el exgobernador de Michigan Rick Snyder en febrero de 2016, cuando los habitantes de Flint se habían visto expuestos al consumo de agua contaminada con plomo.
Ante esta situación, el estado de Michigan fue acusado de pasar por alto y sin tratar correctamente, en repetidas ocasiones, las aguas corrosivas, causando graves enfermedades a la población.
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Incluso, el expresidente Barack Obama declaró el estado de emergencia a nivel federal, durante el 2016, cuando la situación de familias, hospitales y colegios era trágica.
Años después, la justicia avaló un acuerdo entre la Gobernación y las víctimas. Sin embargo, para la exalcaldesa de Flint Karen Weaver, el acuerdo es criticable.
“¡La cantidad otorgada por la juez no refleja ni de lejos el valor de las vidas de Flint! ¡Esto es una bofetada a los residentes de esta ciudad!”, afirmó Weaver en su cuenta de Twitter.
La mayoría de los recursos iría a los niños
Cerca de 600 millones de dólares del total serán pagados por el estado de Michigan y otros encausados relacionados con agencias gubernamentales.
El acuerdo pone dinero a disposición de los niños de Flint que estuvieron expuestos al agua, los adultos que puedan demostrar una lesión, ciertos dueños de negocios y cualquiera que haya pagado las facturas del agua supuestamente potable.
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Estimaciones indican que aproximadamente el 80% de lo que quede después de los honorarios legales se destinará a los menores de edad.
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