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Colombia y México, los países donde asesinan a más activistas del medio ambiente

En 2020 se registraron 227 asesinatos de líderes ambientales en todo el planeta. América Latina sigue siendo la región más peligrosa del mundo para los defensores de la naturaleza.

La pandemia, en lugar de reducir los crímenes, hizo de los defensores un blanco más fácil al estar encerrados en sus casas. Foto: EFE
La pandemia, en lugar de reducir los crímenes, hizo de los defensores un blanco más fácil al estar encerrados en sus casas. Foto: EFE
Agencia EFE

En Colombia y México defender el medio ambiente se ha vuelto casi una sentencia de muerte: los dos países registran el número más alto de asesinatos de defensores de la naturaleza en el mundo, con 65 y 30 homicidios en 2020, respectivamente, según un estudio publicado este lunes 13 de setiembre por Global Witness.

La organización señala al 2020 como el año más mortífero desde que lleva a cabo el recuento, con 227 asesinatos de líderes ambientales en todo el planeta, lo que significa, en promedio, cuatro muertos por semana, y supera el récord de 212 muertes violentas de 2019.

La pandemia, en lugar de reducir los crímenes, hizo de los defensores un blanco más fácil al estar encerrados en sus casas.

La organización alerta, además, de un aumento en el tipo de amenazas, con más arrestos, campañas de desprestigio y criminalización bajo una retórica antiterrorista.

América Latina, más peligrosa pero también más combativa

América Latina sigue siendo la región más peligrosa del mundo para los defensores del medio ambiente: tres de cada cuatro ataques registrados en 2020 sucedieron en la región y siete de los diez países más afectados son latinoamericanos.

La alta incidencia sucede en parte porque los casos se pueden documentar con más facilidad, ya que “en otros continentes el acceso a la información es más limitado (...) No es que haya menos casos, sino que muchos de ellos no llegan a fuentes públicas”, afirmó a EFE Laura Furones, activista de derechos humanos de Global Witness.

La fortaleza de la sociedad civil y de los movimientos indígenas en América Latina, recalcó Furones, permite una “defensa fuerte de los recursos”, pero también conlleva “enfrentamientos y asesinatos por esta oposición pacífica”.

Después de Colombia y México, el tercer puesto mundial lo ocupa Filipinas (29), seguido en su mayoría por países latinoamericanos: Brasil con 20 asesinatos, Honduras (17), República Democrática del Congo (15), Guatemala (13), Nicaragua (12), Perú (6), India (4), Indonesia (3), Suráfrica (2) y Tailandia (2).

En la cola de la clasificación están Uganda, Irak, Argentina, Costa Rica, Arabia Saudí, Sri Lanka, Nepal, Canadá y Kiribati, con un defensor asesinado por país.

¿Por qué sucede?

Los altos niveles de violencia se suman a la impunidad para perseguir los crímenes. De hecho, esa sigue siendo la gran incógnita: ¿quién los asesina y por qué?

“El caso clásico de asesinato de personas defensoras es aquel en que la persona ejerce una oposición pacífica a un proyecto empresarial, de desarrollo, sea forestal, minero o de agroindustria; en esta labor de oposición pacífica se ven asesinados”, explicó Furones.

Los datos de la organización respaldan la tesis: el 30% de los asesinatos ocurrieron en zonas con proyectos de tala de árboles, represas hidroeléctricas, infraestructura, minería o agroindustria a gran escala. Aun así, en 112 casos no se pudo establecer un vínculo claro.

La tala y la deforestación fueron los sectores con más ataques, con 23 muertes entre Brasil, Nicaragua, Perú y Filipinas y con un aumento muy importante en México, con 9 casos.

Aumento de los asesinatos en la pandemia

Con estas cifras, Furones resaltó que la pandemia contribuyó a una parálisis del sistema administrativo y legal para perseguir a los culpables de los crímenes, “y el acceso a la Justicia se ha visto muy mermado”.

A pesar de la impunidad y la violencia, la investigadora sostuvo que las luchas de los defensores son “cruciales” y debe ser “papel de todos protegerlos”, sobre todo cuando hay “por delante una década tan crucial con respecto a la crisis climática, donde el tiempo se acaba y el papel de las comunidades y de las poblaciones locales va a ser todavía más importante”.