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Perú y 58 países más respaldan a la ONU en su demanda de elecciones libres en Nicaragua

La declaración de la ONU, firmada por Perú, exigió la “inmediata liberación” de las personas opositoras al régimen de Ortega que han sido arrestadas, particularmente las cinco que buscaban la presidencia.

Daniel Ortega y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo, reciben críticas de la comunidad internacional tras los recientes acontecimientos en Nicaragua. Foto: AFP
Daniel Ortega y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo, reciben críticas de la comunidad internacional tras los recientes acontecimientos en Nicaragua. Foto: AFP
Mundo LR

Unos 59 países firmaron este martes 22 de junio una declaración conjunta en la que se condena la violación de los derechos humanos en Nicaragua e instan al régimen de Daniel Ortega a garantizar elecciones libres y liberar de forma inmediata a los candidatos presidenciales arrestados en los últimos días.

Según el portal de noticias Infobae, se trata de un documento leído por la alta comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, antes de presentar su informe sobre la situación vivida actualmente en la nación centroamericana.

Entre las decenas de naciones se encuentra Perú, Estados Unidos, Chile, Alemania, Francia, España, Reino Unido y Colombia. “Nos preocupa profundamente que las leyes recientemente promulgadas restrinjan indebidamente la participación política, la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación”, afirmaron.

“La disolución arbitraria de partidos políticos y los procesos penales contra múltiples aspirantes a la presidencia y disidentes son especialmente preocupantes. Pedimos su inmediata liberación”, exhortaron.

En la víspera, el régimen de Ortega confirmó la detención del empresario periodístico Miguel Mora, quinto aspirante a la presidencia de Nicaragua en ser privado de libertad.

“Compartimos las preocupaciones de la alta comisionada sobre Nicaragua, incluyendo la persistente impunidad de las violaciones de derechos humanos desde abril de 2018 y los continuos informes de detenciones arbitrarias”, sostuvieron.

En esa fecha se desataron unas protestas que dejaron 328 personas fallecidas tras una violenta represión por parte de las fuerzas de seguridad públicas. Cientos de opositores fueron encarcelados y más de 100.000 nicaragüenses se exiliaron.

“El Gobierno debe garantizar la protección de los derechos humanos y hacer rendir cuentas a los responsables. Instamos al Gobierno a cesar el acoso a periodistas y defensores de los derechos humanos y a permitir que las organizaciones de la sociedad civil operen en entornos seguros y propicios, sin temor a represalias”, dijeron.