“La presión internacional es importante para garantizar el Estado de derecho en Perú”, advierten desde HRW

La crisis política que atraviesa Perú ha generado la preocupación de la comunidad internacional y un desconocimiento colectivo de los países a la legitimidad de la presidencia de Manuel Merino. Entre los representantes de organismos internacionales que han emitido un duro pronunciamiento al respecto está José Miguel Vivanco, director para las Américas de la Human Right Wacht (HRW), que en la víspera solicitó al Consejo Permanente de la OEA reunirse con urgencia y que vigile de cerca la situación del país.

Incluso, desde que incrementaron las protestas de la ciudadanía por el descontento con la dictadura, la vulnerabilidad de los manifestantes aumenta debido a la represión policial. Este hecho es denunciado también por las instituciones internacionales que reclaman al Estado peruano que permita el derecho a la protesta pacífica, entre ellas está la HRW.

La República pudo conversar con José Miguel Vivanco y conocer más sobre su petición al Consejo Permanente de la OEA y el camino que debe tomar la comunidad internacional luego de que el Tribunal Constitucional emita un pronunciamiento sobre la legitimidad de la vacancia del presidente Martín Vizcarra.

¿La vacancia del presidente Vizcarra por obra del Congreso abre un precedente antidemocrático entre los países de la región?

La forma en que la mayoría de los legisladores del Congreso —muchos de ellos con causas penales pendientes— apartaron del cargo al Presidente Martín Vizcarra el 9 de noviembre y las consecuencias inmediatas que ello podría tener para la independencia del Tribunal Constitucional, representan una grave amenaza al Estado de derecho en el Perú. Ese hecho tiene indudablemente consecuencias más allá de sus fronteras. Cada país de la región cuenta con dinámicas políticas internas diferentes, pero lo que está claro es que la región se fortalece cuando la democracia, los derechos humanos y las libertades públicas son debidamente respetados. De la misma manera, cuando surgen amenazas graves a la legalidad y a la lucha contra la impunidad, como es el caso del Perú, eso tiene un impacto negativo en la región. Por ese motivo, es fundamental que la Organización de los Estados Americanos (OEA) convoque una sesión del Consejo Permanente lo antes posible y que vigile de cerca y atentamente la situación del país.

¿Por qué debería sesionar con urgencia el consejo permanente de la OEA sobre el caso peruano?

La presión internacional es muy importante para garantizar el respeto al Estado de derecho en el Perú. Eso significa, por ejemplo, vigilar que el proceso de selección de magistrados del Tribunal Constitucional ocurra con transparencia y sin manipulaciones políticas mafiosas y que el propio Tribunal pueda pronunciarse oportunamente acerca de la constitucionalidad de la cláusula que permitió la vacancia del presidente por “incapacidad moral” tras una deliberación imparcial e independiente. Del mismo modo, el combate contra la corrupción debe continuar y cualquier maniobra por parte de figuras políticas investigadas para perpetuar la impunidad debe ser denunciada.

El foro más adecuado para canalizar esa vigilancia internacional es la OEA.

¿Hay un temor de que el país pueda seguir el rumbo de las protestas y terminar en un devenir similar al de Chile?

Esa es una pregunta hipotética que no me es posible responder.

¿Cuál debería ser el rol de la comunidad internacional si es que el Tribunal Constitucional determina la inconstitucionalidad de la vacancia?

La comunidad internacional debería respaldar en todo momento el Estado de derecho y la legalidad en el Perú. Cualquier decisión tomada con imparcialidad e independencia por el Tribunal Constitucional obviamente debe ser respetada, según establecen las leyes peruanas.

¿Qué opinión tiene sobre el actuar de la Policía hacia los manifestantes?

Nos preocupan mucho las numerosas y creíbles denuncias que hemos recibido sobre uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Es cierto que algunos manifestantes actuaron de forma violenta, por ejemplo, al arrojar piedras a los agentes. Pero la policía sólo debe usar la fuerza como último recurso y siempre de manera proporcional y contra amenazas concretas. No es eso lo que ha ocurrido.

Hemos conocido denuncias que afirman que los policías no habrían permitido a los manifestantes salir de zonas de protesta, que usaron gases lacrimógenos contra manifestantes pacíficos y en las inmediaciones de hospitales, y que emplearon escopetas de perdigones, causando algunos heridos, incluyendo periodistas. Alertamos de que esas escopetas pueden causar lesiones muy graves, como hemos visto en Chile y Colombia.

Asimismo, hemos recibido denuncias sobre detenciones de manifestantes por parte de policías de civil, aparentemente del llamado “Grupo Terna”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido de que esa práctica dificulta las investigaciones sobre posibles abusos.

Recordemos que es función de la policía garantizar el derecho de los peruanos a manifestarse pacíficamente y de la prensa a informar sin censura. El Ministerio Público debe investigar inmediatamente cualquier abuso cometido por la policía .

¿Qué tipo de actividades relacionadas tendrá su despacho en los siguientes días?

Human Rights Watch continuará estudiando rigurosamente la situación en el Perú, tanto en términos de lo que ocurra con la composición del Tribunal Constitucional, como en referencia al respeto a los derechos de manifestación y expresión de los peruanos. Creemos que es un momento crítico en la historia reciente del país y continuaremos instando a la OEA, a los gobiernos de la región y a la comunidad internacional a prestar mucha atención a lo que ocurre en el país.