“Pueden responsabilizarme de cualquier muerte de la guerra contra las drogas”, dice presidente de Filipinas
Rodrigo Duterte, presidente filipino, reveló que no tiene ningún inconveniente en pisar los tribunales. “Si sirvo a mi país yendo a la cárcel, lo haré con mucho gusto”, indicó.
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El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, señaló que asumiría la responsabilidad por los asesinatos en la guerra contra las drogas y de ser posible afrontar cargos penales; sin embargo, no los calificó como crímenes de lesa humanidad tal como le han atribuido los grupos en favor de los derechos humanos.
“Si hay asesinatos, digo que soy yo. Puedes responsabilizarme de cualquier muerte de la guerra contra las drogas”, manifestó Duterte en un discurso televisado la noche del 19 de octubre.
Las fuerzas del orden filipinas reconocieron la muerte de 6.000 sospechosos en redadas, aunque alega que todos se resistieron al arresto. Esta cifra ha sido refutada por organizaciones humanitarias que expresan que, en realidad, se tratarían de unos 27.000 asesinatos “amparados en el clima de impunidad".
“Llévenme a la Corte para que me encarcelen. No tengo ningún problema. Si sirvo a mi país yendo a la cárcel, lo haré con mucho gusto”, agregó el funcionario que hizo de la guerra contra las drogas su principal labor en la presidencia desde que instó a la Policía a matar a drogadictos y narcotraficantes, en 2016.
Rodrigo Duterte tiene abierto un “examen preliminar” en la Corte Penal Internacional (CPI) sobre su papel en lo que podrían ser crímenes de lesa humanidad.
El mandamás asiático trató de eludir la indagación con el retiro de Filipinas de la CPI; no obstante, las denuncias se produjeron antes de que se formalizara la salida.
Organizaciones civiles decepcionadas con la ONU
A principios de octubre, grupos civiles y defensores de derechos humanos en Filipinas esperaban que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reunido en Ginebra, aprobara una resolución para abrir una investigación internacional independiente sobre violaciones de derechos en Filipinas, como las ejecuciones extrajudiciales de la guerra antidroga o los asesinatos de activistas y líderes sociales.
La respuesta de la institución solo dio luz verde a una resolución que prestaba “apoyo técnico” al gobierno filipino para agilizar las inquisiciones antes mencionadas.
“Con el historial de este gobierno de descarado desprecio por los derechos humanos, los incansables esfuerzos de sus funcionarios para vilipendiar a los defensores de estos derechos y la campaña activa para silenciar a los críticos, tenemos serias reservas de que los supuestos programas de asistencia técnica sirvan para detener estas violaciones de derechos humanos”, lamentó EcuVoice, una coalición de organizaciones dentro y fuera de Filipinas.
Con información de EFE
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