Colombia: detienen a fiscal por pedir sobornos para "incidir" en extradición de exlíder FARC

El funcionario Julián Bermeo fue arrestado junto con cuatro personas en dos operativos en hoteles del norte de Bogotá, Colombia

El funcionario Julián Bermeo fue arrestado junto con cuatro personas en dos operativos en hoteles del norte de Bogotá, Colombia

Un fiscal especial de paz fue capturado en Colombia mientras pedía sobornos para "incidir" en el proceso de extradición del líder de la exguerrilla FARC Jesús Santrich, informó este viernes la Fiscalía.

El funcionario Julián Bermeo fue arrestado junto con cuatro personas en dos operativos en hoteles del norte de Bogotá, Colombia, "en momento en que recibían 500 mil dólares a cambio de oferta para incidir en (el) trámite (de) extradición" de Seuxis Hernández, escribió la Fiscalía en Twitter.

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de Colombia, que tiene en sus manos el caso de Seuxis Hernández, mejor conocido como Jesús Santrich, indicó por su parte en un comunicado que el fiscal no "desempeñaba ningún rol" en el proceso de extradición del exguerrillero.

Santrich fue arrestado en abril pasado en Bogotá por solicitud de Estados Unidos que lo acusa de conspirar para traficar cocaína a ese país después de la firma de los acuerdos de paz que desarmaron y transformaron en partido político a los rebeldes marxistas en 2017.

El exnegociador de paz permanece desde entonces en prisión, en espera de que el tribunal especial creado para juzgar delitos cometidos en más de medio siglo de conflicto armado resuelva su pedido de extradición.

La JEP ha pedido a Estados Unidos pruebas de sus acusaciones, pero el Departamento de Justicia estadounidense asegura que ya ha mandado la documentación necesaria y no está obligado a dar más detalles.

El presidente de Colombia, Iván Duque, crítico de los acuerdos de paz, declaró este viernes en un evento en Medellín que consideraba de "suma gravedad" que se estuvieron "prestando gestiones para retrasar extradiciones".

Firmado en noviembre de 2016, el pacto de paz concede beneficios jurídicos a quienes confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas y prevé que ningún líder de la otrora guerrilla sea entregado a Estados Unidos por acciones ocurridas antes de esa fecha.

Sin embargo, en caso de que violen la ley después de la firma del acuerdo, los excombatientes perderán esas concesiones y serán sancionados por la justicia ordinaria.

El caso del exguerrillero, que padece una aguda deficiencia visual, ha puesto a prueba la ya difícil implementación de los compromisos de paz, y ha desatado temores de que excombatientes se sientan traicionados y puedan retomar las armas.

El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) ha denunciado su arresto como un "montaje judicial".

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