Detalles. La investigación de la Fiscalía Anticorrupción señala que los favores para los proveedores continuaron mientras realizaban los Estudios de Factibilidad y Definitivos de la carretera Arequipa - La Joya. Funcionarios del GRA comprometidos. , El legajo fiscal sobre las irregularidades en el proceso de licitación de los estudios de la carretera Arequipa-La Joya no sólo advierten un presunto direccionamiento a favor del consorcio peruano español. Después de obtener la buena pro el 18 de febrero de 2013, asesores y funcionarios de la gestión de Juan Manuel Guillén habrían dado una serie de favores que violaban la ley de contrataciones. Entre octubre de 2012 al 26 de diciembre de 2014, la Fiscalía Anticorrupción recopiló e-mails, registro de llamadas telefónicas, omisiones y documentos irregulares sobre los Estudios de Factibilidad y Definitivos de la autopista Arequipa - La Joya. PUEDES VER: Más indicios confirman presunta colusión en caso Arequipa - La Joya INCUMPLIMIENTOS La historia va más allá del 18 de febrero del 2012. En esa fecha, el consorcio gana la buena pro para realizar los estudios, luego de elaborar -según la acusación fiscal- los Términos de Referencia (TdR) en coordinación con los asesores de Juan Manuel Guillén. El 08 de marzo, el acta de registro Nro. 13536 del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) confirmaba que el consorcio ingresó la documentación para firmar el contrato con el GRA. La Fiscalía descubrió que ese trámite no se efectuó. A pesar de ello, el acta ficticia fue derivada a la Oficina de Logística y Patrimonio a cargo de Arcemia Bustamante, quien dio el visto bueno. La Fiscalía cuestiona a Bustamante por no objetar esta irregularidad. Para la firma del contrato, el 13 de marzo, Guillén delegó la facultad al jefe de la Oficina Regional de Administración, Juan Velille Torres, responsable de controlar la aplicación de la normatividad; labor que no cumplió. Además el consorcio incumplió con presentar la traducción oficial de documentos: presentaron certificados de estudios en portugués e inglés. Lo más grave, presentaron tres cartas fianza de garantía a nombre de Clothos, Epypsa y Jack López (empresas que conformaban el consorcio) con 10% del depósito. Las bases son claras, la carta fianza debía figurar a nombre del consorcio. Este requisito es una garantía que se ejecuta en caso de incumplimiento. En un escenario de incumplimiento, el GRA no hubiese podido ejecutar esa penalidad, ya que no suscribió el contrato con las empresas sino con el consorcio, se precisa en el documento fiscal. En un e-mail escrito el 14 de marzo por el representante legal del Consorcio, Raúl Fuentes Reynoso, da cuenta a sus representados de los beneficios obtenidos del GRA. “Logré que dicho contrato se nos envíe vía courier, luego de coordinarlo con el Gerente General del GRA, con lo que obtuvimos los días necesarios para poder conseguir las fianzas que garantizan el adelanto del 30%”. El adelanto del 30% (2 millones 970 mil soles) se concretó a pesar de los incumplimientos del consorcio. Bustamante y Velille inobservaron todo esto “en razón a las preferencias que se tenía al contratista consultor”. La Fiscalía señala que el adelanto debió ser de 270 mil soles como parte del 30% de los Estudios de Factibilidad que costaban 900 mil soles. Además de los de factibilidad, la empresa estaba a cargo de los definitivos. Primero debió desembolsarse por los primeros y terminados estos dar el adelanto por los otros. DURANTE LOS ESTUDIOS Todos los avances de los Estudios de Factibilidad y Definitivos debían pasar por las manos de Víctor Mantilla Chávez, de la Subgerencia de Formulación de Proyectos de Inversión Pública (SGFPI). El consorcio presentó sus informes de los componentes de Ingeniería, Arqueología y Ambiental a destiempo. Todos estos tenían una serie de observaciones realizadas por otros funcionarios del GRA. Mantilla no las quiso advertir. Solo por los retrasos el GRA debió comprar una penalidad de 365 mil soles, pero no lo hizo. Los perjuicios para el GRA fueron más allá. El 01 de julio de 2013, Velille suscribió una adenda ampliando en 60 días los plazos a favor de los proveedores cuando estos solo solicitaron 30. El 10 de setiembre, nuevamente Velille firma una "transacción" (legalmente inválida por la Ley de Contrataciones) que obligó a la Región a desembolsar S/ 2 millones 475 mil para asumir el costo del componente ambiental. En este punto, la Fiscalía advierte que el proveedor debió realizar un Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado, sin embargo, apenas logró una modificatoria de la Declaración de Impacto Ambiental.
