Un culatazo de AKM lanzado contra la nuca de Jhilda Chaupe Acuña, hija menor de Máxima, durante ese noviembre de 2011 en Tragadero Grande, Cajamarca, la dejó tendida en el suelo durante cuatro horas. Todos pensaron que estaba muerta. Por eso el grupo de la DINOES, junto con trabajadores de Yanacocha y miembros de Securitas, salieron de inmediato de la zona. Esa fue la primera incursión al terreno donde viven los Chaupe; habían entrado para desalojarlos por una supuesta usurpación que, tres años más tarde, un tribunal de la Corte Superior de Cajamarca negó definitivamente (a la actualidad hay un recurso de casación). Hoy la empresa no utiliza a efectivos de la DINOES y ha cancelado el convenio de seguridad. Sin embargo la lógica que plantean sobre este conflicto sigue siendo la misma: sospechar de la víctima, acusarla de algún delito, criminalizarla, estigmatizarla y hostilizarla con lo que denominan “defensas posesorias”, es decir, incursiones para arrancar las cosechas de papas o las casas de cuyes que están en “ese lado” del terreno que los Chaupe no pueden poseer. En fin: las estrategias usuales del capitalismo por despojo. El problema es que así piensen funcionarios del Estado. Rolando Luque, actual jefe de la ONDS de la PCM, no piensa así a pesar de ser un funcionario del Estado que ejerció como adjunto de la Defensoría del Pueblo para Prevención de Conflictos Sociales durante años. El abogado arequipeño estableció, de alguna manera, un cambio de estrategia sobre los conflictos a partir de las mesas de Saramurillo (Loreto) y Las Bambas (Apurímac) evitando utilizar la figura legal del Estado de Emergencia que, por el contrario, el Estado previamente declaró en zonas como Chumbivilcas, en Cusco; Cotabambas, en Apurímac y Coporaque, también en Cusco. Personalmente yo discrepo con varios de los planteamientos de escalada y solución del conflicto de la Defensoría del Pueblo y del actual jefe de la ONDS, pero reconozco su conocimiento de la situación en la práctica y en la teoría.Hoy el diario El Comercio informa sobre la creación de un nuevo “viceministerio de gobernanza territorial”, instancia que ocupará el segundo nivel en jerarquía en la PCM después del despacho del jefe del Gabinete, Fernando Zavala. Desde una óptica de resolución de conflictos y mediación, no está nada mal pues el Estado debe considerar dentro de sus órganos de más alto nivel un espacio para pensar en la prevención de conflictos pero con diálogos horizontales, en los cuales los ciudadanos afectados, pueblos indígenas o mestizos campesinos den su opinión y planteen sus necesidades de manera frontal, sin mediaciones, con esperanzas genuinas. Sin embargo, se vocea como primer viceministro a Javier Fernández-Concha Stucker, ex Gerente General de Minera Sulliden Shahuindo, empresa de extracción de oro y plata a tajo abierto. No conozco a Fernández Concha ni tengo nada contra él, pero el planteamiento de sentar a un minero en ese viceministerio es totalmente contraproducente. ¿O piensa PPK que los mineros cuando son funcionarios dejan de pensar como mineros?
