Legalización del aborto: ONU espera que Argentina sea el modelo a seguir de Latinoamérica
Especialistas de las Naciones Unidas aseguran que esta ley es crucial para eliminar la discriminación contra las gestantes que no pueden pagar un aborto seguro.
Diferentes expertas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en derechos humanos celebraron la legalización del aborto en Argentina, calificándolo como un “paso histórico” que, esperan que convierta al país sudamericano “en un modelo para toda América Latina”.
“La penalización no contribuía significativamente a disminuir las interrupciones de embarazos, sino que simplemente llevaba a las mujeres a abortos clandestinos e inseguros, y muchas murieron como resultado de ello”, manifestaron Elizabeth Broderick (presidenta), Melissa Upreti (vicepresidenta), Dorothy Estrada Tanck, Ivana Radačić y Meskerem Geset Techane; Tlaleng Mofokeng, del grupo de trabajo sobre la discriminación contra mujeres y niñas.
La ley aprobada en el Senado el 30 de diciembre de 2020 legaliza los abortos hasta la semana 14 de embarazo. “Aplaudimos la extraordinaria movilización de las y los activistas del país que contribuyeron a la aprobación de esta ley”, señalaron las especialistas.
La alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, recordó en un tuit que “casi todas las muertes relacionadas con el aborto ocurren en países que lo criminalizan o restringen severamente, forzando a las mujeres a recurrir a procedimientos inseguros”.
Hasta antes de la aprobación de la ley, Argentina permitía el aborto solo en casos de violación sexual o cuando la salud de la mujer estaba en peligro. Esta legislación discriminaba a las mujeres y niñas que viven en la pobreza y que no pueden permitirse viajar al extranjero o pagar un procedimiento seguro, como podían hacer las mujeres con más recursos económicos, especifica el comunicado de las relatoras.
Las expertas mencionan que las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestran que los países en los que las mujeres obtuvieron el derecho a interrumpir sus embarazos en los años 70 y 80 —y también tienen acceso a la información y a todos los métodos anticonceptivos— tienen tasas más bajas de interrupciones del embarazo.
No obstante, recalcan que “queda mucho por hacer para asegurar los derechos de las mujeres y las niñas a la igualdad y al más alto nivel de salud sexual y reproductiva”.
“Ahora es importante que la ley se aplique en todo el país y no sea usurpada por una agenda política o un dogma religioso”, apuntan. Señalan también que es preocupante la cláusula de objeción de conciencia que permite que los profesionales de la salud no realicen abortos por sus creencias personales.
