Misión imposible: más empleo formal, por Eduardo Morón

Por: Eduardo Morón. Economista

Inicia un nuevo año complejo para el país y el gobierno sigue persiguiendo una impronta revolucionaria, aunque aún no sabe dónde enfocar sus esfuerzos para que lo que emprenda realmente pueda llamarse revolucionario.

En el Perú, si cualquier aspirante a Quijote preguntara cuál de las tareas pendientes en política pública es la más imposible de enfrentar, pero a su vez es la más revolucionaria, la respuesta más obvia tendría que ser enfrentar la masiva informalidad laboral, es decir, dar acceso a empleos formales a esos 8 de cada 10 trabajadores que hoy se buscan la vida con un empleo informal. Si bien es cierto que chamba es chamba, lo cierto es que esos trabajos pagan poco, no hacen mayor esfuerzo en capacitar a sus empleados, no protegen a sus trabajadores contra riesgos que pueden complicar mucho sus presupuestos familiares: no hay protección contra la invalidez o muerte accidental, o recursos para financiar la vejez, entre otras desventajas.

En este contexto, este gobierno podría aprovechar el reciente informe de la llamada Misión Empleo, un grupo de expertos locales e internacionales que el gobierno colombiano (http://misionempleo.gov.co) convocó para ayudarlo a entender por qué, al igual que en Perú, tienen un mercado laboral con una elevada proporción de trabajadores informales (60 por ciento del total) que produce un trato excluyente y que castiga el crecimiento económico al no fomentar aumentos en la productividad. Algo que resulta evidente en el informe es que el diseño de la política tributaria y laboral fomenta el enanismo empresarial y la informalidad. Lo mismo ocurre en Perú donde varios trabajos del FMI y del BID ilustran lo perjudicial que resulta nuestra legislación con umbrales de tratamiento diferenciado.

El resumen de una línea del informe colombiano es que no hay buenos empleos en malas empresas. Es decir, si como en Perú, la mayoría de las empresas son informales, de pocos trabajadores y de baja productividad, no hay forma que de ahí salgan empleos que uno quisiera tener.

Si miramos los números colombianos, encontramos situaciones muy parecidas a la nuestra. Por ejemplo, más del 80 por ciento del total de empresas son informales, y solo el 1 por ciento del total de empresas son empresas formales de más de 10 trabajadores. La pregunta que uno debe hacerse es por qué una empresa escoge ser (o permanecer) informal. Claramente hay costos al ser informal, como pueden ser los costos de financiamiento más altos al no poder mostrar un registro de ventas que garantice mejor un pedido adicional de financiamiento. Hay costos en atraer talento. Nadie que se considere talentoso aspira a trabajar en una empresa informal.

Estos costos son compensados con beneficios como no tener que cumplir la frondosa regulación laboral o la tributaria, o como no tener que pagar los costos de tener un lugar que cumpla con todas las condiciones de seguridad que exigen las municipalidades para cualquier local. A veces nos olvidamos de todos estos otros costos y solo nos concentramos en el salario mínimo. Como dice Santiago Levy, economista mexicano y líder del equipo de la Misión Empleo, “el salario mínimo es la puerta de entrada a la formalidad (…) mientras más alto es este, más angosta es esa puerta”. En general, nosotros también nos hemos equivocado en lo mismo que los colombianos, los gobiernos se han sentido cómodos mejorando las condiciones para un número cada vez menor de trabajadores formales. El resto de trabajadores que son la mayoría, ven los aumentos en el salario mínimo como una referencia, quizás aspiracional.

Y aquí es donde el gobierno actual tiene una enorme oportunidad para actuar generando un gran impacto en un gran segmento de la población. En lugar de seguir intentando dar aún más beneficios a la minoría formal con proyectos de ley como el que busca que se remunere el refrigerio, el anunciado aumento en el salario mínimo o el nuevo Código de Trabajo, deberíamos empezar a mirar el bosque de informalidad que cada día crece y que como bien señala el informe en mención genera unas consecuencias no deseadas para toda la economía al reducir la perspectiva de progreso de largo plazo.

El informe sostiene que la reforma (que será gradual pero integral) debe apuntar a dos objetivos que son: (1) extender y mejorar la protección social de todos los trabajadores; y (2) crear mejores condiciones para que las empresas formales generen empleos más productivos y mejor remunerados. Es decir, crear más y mejores empleos, que permitan que más familias accedan a flujos de ingresos que los volverán a sacar de la pobreza a la que regresaron producto de la pandemia.

Entre las propuestas se plantea un rediseño completo respecto a cómo financiar las prestaciones sociales buscando mayor universalización, simplificar el tema de despidos por causas justas manteniendo las compensaciones en el caso de los despidos injustificados.

Pero este gobierno puede querer insistir que el contenido “revolucionario” de su mandato sea la búsqueda de una nueva constituyente que difícilmente hará algo por reducir la informalidad. En realidad, dado que ese escenario exacerba la incertidumbre, probablemente el impacto que se tendrá será exactamente el efecto opuesto al deseado, terminaremos con menor inversión de las empresas formales y, por lo tanto, menos de esos buenos empleos que todos quisiéramos. Pronto sabremos si el gobierno quiere dedicar recursos, tiempo, cerebro y capital político a una tarea que será quijotesca, pero que no moverá la aguja para resolver los problemas del Perú que requieren mejor gestión o si de repente se anima a empezar una verdadera reforma por mejores empleos para todos.