Ley Agraria: El Ministerio de Trabajo emitió opinión en contra
Previo a la aprobación, el referido ministerio emitió opinión sobre la norma recalcando incluso indicaciones del propio Tribunal Constitucional.
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Israel Lozano G.
El pasado jueves 19 de setiembre y tras un largo debate, el Pleno del Congreso aprobó la extensión por 10 años más de la Ley Agraria, considerada la principal razón para el éxito agroexportador, la formalización del sector y la mejora de la competitividad.
A lo largo de su debate en comisiones del Congreso, la ley tuvo opinión favorable por parte de gremios agrarios, exportadores y de la propia Confiep. Este último, en su momento, consideró su extensión como “una señal para el sector privado” que incluso se le pidió al presidente Martín Vizcarra.
Esta ley hoy ha sido promovida por el Ministerio de Agricultura bajo la actual gestión de la ministra Fabiola Muñoz. Sin embargo, poco se recuerda que la extensión de este régimen tuvo entre sus principales críticos a un miembro del propio Ejecutivo: el Ministerio de Trabajo.
Gobierno vs. Gobierno
En el 2018, la Comisión Agraria del Congreso era presidida por la congresista fujimorista Gladys Andrade quien, como parte de su labor en dicho grupo, pidió opiniones a los diversos actores de cara a la conformación del dictamen de la Ley Agraria.
Así, en junio del 2018, fue que se remitió el informe Nº 001-2018-MTPE del Ministerio de Trabajo y que fue elaborado concretamente por el despacho del Viceministerio de Trabajo. En aquel entonces, liderado por Guillermo Boza Pró.
A modo de dejar sentada su posición, el informe analiza la Ley Agraria bajo 7 lineamientos centrales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Lineamientos del MTPE
Uno de los lineamientos está relacionado al Seguro Social de Salud (EsSalud). La Ley considera un aporte de 4% al seguro social por trabajador bajo el régimen. Con la ley aprobada el jueves pasado, este aporte sube al 6%.
Pero el Ministerio de Trabajo establece que ello no es suficiente. Esto teniendo en cuenta que al 2017 existe una brecha amplia que asciende a S/ 303 millones entre los ingresos y egresos del seguro agrario.
Seguro Agrario
“Al año 2017, las aportaciones de las empresas sujetas al régimen laboral agrario solo cubrían el 35% de los costos de las prestaciones, generando con ello un subsidio cruzado de las aportaciones efectuadas por los empleadores del seguro regular hacia los empleadores agrícolas; es decir, el 65% del costo restante era subsidiado por los empleadores del régimen general, incluyendo a las micro y pequeñas empresas”
Dicho esto, el Ministerio de Trabajo lo recalca claramente:
“En opinión de este Despacho, cualquier eventual modificación a la Ley Nº 27360 debería buscar el incremento progresivo de la actual tasa de aporte reducida de 4% a una tasa regular de 9%”.
Los TLC
Como ya se dijo, una de las principales razones para la extensión es que se le atribuye a la Ley el éxito de las agroexportaciones. Ciertamente, dicho éxito se ha dado. Según datos del Banco Central de Reserva, en solo 4 años se ha observado un crecimiento de hasta 263%.
La manteca de cacao, por ejemplo, tuvo un crecimiento de 262,9% en dicho periodo. El aceite de almendra de palma creció 130,8%, las frutas en conservas como el durazno enlatado creció 235%.
Del mismo modo se comportó el crecimiento de envíos como la quinua (45%), frijoles (33%) y maíz dulce (10,4%). Entre enero y julio del presente año, las agroexportaciones totalizan los 3 mil 538 millones de dólares y anotan un crecimiento de 7,72% frente al mismo periodo del año anterior. Llegan a 137 mercados entre los que se encuentran Países Bajos, España, Reino Unido, Chile, China, Colombia y Estados Unidos.
Es este último el que concentra gran parte de nuestros envíos, pero también se trata del país que ha visto llegar una queja en el marco del Tratado de Libre Comercio. El informe del Ministerio de Trabajo lo recuerda:
“En julio de 2015, algunas organizaciones sindicales de Perú y Estados Unidos presentaron una queja contra el Estado peruano en el marco del TLC Perú - Estados Unidos, la cual fue atendida por Estados Unidos, mediante dos informes públicos del Examen de la Comunicación Pública. En dichos informes se señala que la ley genera preocupación toda vez que su aplicación permite establecer condiciones para la afectación de los derechos de los trabajadores a la libertad de asociación en el derecho y en la práctica”
Las demandas también cruzaron el Atlántico. En octubre del 2017, 14 organizaciones de la sociedad civil de la Unión Europea y 18 de la sociedad civil peruana publicaron una queja contra el Gobierno peruano en el marco del TLC.
La queja argumenta que el régimen laboral de la Ley Agraria “no les permite ejercer plenamente sus derechos sindicales, ni tener posibilidad de alcanzar un trabajo decente y productivo, lo cual se refleja en la reducida tasa de afiliación sindical que equivale al 4,6% del total del promedio de trabajadores del régimen agrario”.
El apunte del Tribunal Constitucional
En su informe, el Ministerio de Trabajo también recuerda que existe un expediente del Tribunal Constitucional que analiza la Ley Agraria y que hace aclaraciones importantes. El colegiado desestima una demanda ante la ley aclarando que ésta es diferenciadora mas no discriminadora, razón por la cual no se vulnera el derecho a la igualdad.
Sin embargo -y es lo que recuerda el MTPE-, el mismo expediente pone el ojo en la temporalidad de la ley.
“Este Tribunal considera importante destacar cuatro cuestiones: (...) La Ley N.º 27360 (Ley Agraria) tiene una vocación de temporalidad que no se debe perder de vista, y la última prórroga prevista ha extendido su vigencia hasta el año 2021”
La Ley Agraria perdía vigencia en el 2021. Su prórroga fue aprobada bajo petición expresa de los gremios empresariales dos años antes. Una vez publicada, entrará en vigencia por otros 10 años más hasta el 2031. ¿Se está respetando, realmente, el principio de temporalidad?