Sepa cómo se aplica el "desalojo notarial" para inquilinos morosos

La República
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Con esta nueva ley de "desalojo notarial" los procesos se acortarán y podrán efectuarse en un plazo de entre 20 a 30 días.

 

Con la entrada en vigencia de la ley que regula el procedimiento especial de desalojo con intervención notarial se le brindará garantía a los propietarios que alquilen sus inmuebles ya que podrán desocuparlo de manera inmediata en caso de incumplimiento de pago.

Este proyecto de ley con intervención del notario, tiene la finalidad de disminuir la carga procesal de los juzgados. Buscando contrarrestar las invasiones y la informalidad.

PUEDES VER: Aprueban dictamen que regula desalojo con intervención notarial.

Pero ¿cómo funciona esta ley? El vencimiento del plazo del contrato de arrendamiento o incumplimiento de pago de la renta, será motivo suficiente para solicitar la presencia de un notario, quien sólo considerará las constancias de transferencia o depósito de los pagos realizados a través de la cuenta bancaria acordada por las partes.

El notario constatará el cumplimiento de las condiciones del contrato de arrendamiento y luego dejará constancia del vencimiento del contrato o de resolución del mismo por falta de pago. Asimismo, enviará una copia legalizada del expediente al Juez de Paz Letrado, del distrito donde se ubique el inmueble.

Dentro del plazo de tres días hábiles de recibido el expediente, el Juez de Paz Letrado emitirá la resolución judicial y cursará oficio a la Policía Nacional, para disponer el desalojo o el descerraje, en caso de resistencia.

Contenido del contrato de arrendamiento

El contrato de arrendamiento debe contener:

-Una cláusula de allanamiento a futuro, del arrendatario para la restitución del bien inmueble por vencimiento del plazo de contrato o la resolución del arrendamiento por falta de pago de la renta.

-Una cláusula de sometimiento expreso a lo establecido por la presente ley para que el notario constate las causales de vencimiento del plazo del contrato o la resolución por falta de pago de la renta, y el juez de paz letrado ordene y ejecute el desalojo. La cláusula de sometimiento expreso a la presente ley contiene de manera expresa e indubitable la decisión de las partes, que, ante la configuración de cualquiera de las causales de desalojo previstas en la presente ley, se someten a la competencia del notario para la constatación de dicha causal y la ejecución del desalojo por parte del juez de paz letrado.

-Consignar el número, tipo y moneda de la cuenta de abono abierta en una empresa del sistema financiero o en una cooperativa de ahorro y crédito supervisada por la SBS para que el arrendatario abone la renta convenida en el contrato de arrendamiento. En caso de que la cuenta de abono sea modificada, el arrendador pone en conocimiento al arrendatario dicha situación mediante comunicación de fecha cierta. Mientras no se efectúe dicha comunicación, los pagos realizados en la cuenta primigenia son considerados válidos.

Requisitos de la solicitud

La solicitud de desalojo se presenta por escrito, señalando el nombre del propietario o el de aquel que tenga derecho a la restitución del bien inmueble, su domicilio, documento de identidad y firma; así como, el nombre del arrendatario, su domicilio contractual, de ser el caso, su número o copia del documento de identidad.

A la solicitud de desalojo se adjuntan los siguientes documentos:

-El original o la copia legalizada del formulario FUA o de la escritura pública del contrato de arrendamiento, el cual debe cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 4 y 5 de la presente ley.

-El original o la copia legalizada de la carta notarial cursada al arrendatario en el inmueble materia de desalojo y a su domicilio contractual, de ser el caso; mediante ella se requiere la restitución del bien inmueble por el vencimiento del plazo o por la resolución del contrato por falta de pago, según corresponda.

La solicitud de desalojo solo puede ampararse en las causales establecidas en el artículo 7 de la presente ley. Las partes pueden recurrir ante las autoridades competentes, a efectos de exigir el cumplimiento de las demás obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento.