En un operativo conjunto realizado por la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía, se logró frenar las operaciones de una organización criminal dedicada a la falsificación de documentos oficiales. La banda operaba en San Juan de Miraflores y se enfocaba principalmente en la creación de papeles falsos para ciudadanos venezolanos y carnets policiales. Carlos Eduardo Conde Collantes y Félix Fernando Huamán, de 29 años y 19 años correspondientemente, fueron detenidos.
El operativo se llevó a cabo esta semana cuando las fuerzas del orden allanaron varias viviendas en el distrito de San Juan de Miraflores e incluso una galería comercial. En este último lugar ubicado en la avenida San Juan, se encontraron equipos y materiales utilizados para la falsificación de documentos, incluyendo impresoras, computadoras, sellos y diversos formatos en blanco de carnets y documentos migratorios.
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Según información proporcionada por la PNP, la organización criminal se dedicaba a falsificar una amplia variedad de documentos, tales como carnets de extranjería, permisos temporales de permanencia (PTP), pasaportes y carnets policiales. Estos documentos eran vendidos a ciudadanos venezolanos y otras personas que requerían regularizar su situación migratoria en el país.
El jefe de la División de Investigación de Estafas y Otras Defraudaciones, Coronel Juan Silva, indicó que la operación fue resultado de varios meses de investigación y seguimiento a los integrantes de la banda. "Hemos logrado desarticular una red que venía operando con total impunidad y poniendo en riesgo la seguridad del país al permitir el ingreso y permanencia de personas sin la debida documentación", señaló Silva.
La Depincri de San Juan de Miraflores también incautó impresores y demás artículos para la falsificación de documentos. Foto: Fiorella Alvarado - La República
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Por su parte, la Fiscalía confirmó que se ha detenido a cinco personas, quienes serían los cabecillas y principales operativos de esta organización. "Estamos ante un caso grave de falsificación de documentos que afecta no solo la seguridad migratoria, sino también la confianza en las instituciones del Estado", afirmó el fiscal a cargo del caso, Luis Gamarra.