CIDH solicita al Estado garantizar reparación a las víctimas de esterilizaciones forzadas en régimen de Fujimori

Más de 20 años han pasado sin que se haga justicia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado al Estado peruano a tomar medidas urgentes para asegurar el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas de esterilización forzada y otras formas de violencia contra las mujeres. Esto surge tras la decisión de la Sala de la Corte Suprema de Justicia de anular el Auto de Apertura de Instrucción contra Alberto Fujimori y otras autoridades por las esterilizaciones forzadas ocurridas en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos.

En consecuencia, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia ha ordenado que el proceso judicial por las esterilizaciones forzadas regrese a la etapa inicial, correspondiente a octubre del 2018, es decir, a la presentación de la denuncia fiscal contra los responsables de este crimen.

La “CIDH toma nota de la decisión de la Sala de la Corte Suprema de Justicia que anuló el auto de apertura de instrucción contra Alberto Fujimori y otras autoridades por las esterilizaciones forzadas contra mujeres cometidas en el contexto de graves violaciones de derechos humanos. Preocupan los efectos en la celeridad, debida diligencia reforzada que se debe observar en casos de violencia de género y acceso a la justicia de las víctimas”, señala la comisión en su cuenta de la red X.

La denuncia por las esterilizaciones forzadas alcanza al exdictador Alberto Fujimori y sus exministros de Salud Eduardo Yong, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga por la muerte de Mamérita Mestanza, Alejandra Aguirre, Reynalda Betalleluz, Marpia Espinola y Celia Ramos; además de lesiones graves contra otras 1.315 víctimas en un contexto de violaciones a los derechos humanos.

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La abogada María Ysabel Cedano, de la organización de mujeres Demus, que también brinda asesoramiento legal a un grupo de afectadas, manifestó en una reciente entrevista con La República que pedirán un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), donde se ve el caso de Celia Ramos, porque se está actuando contra el derecho a la justicia.

“Para nosotras, la decisión de la Corte Suprema es cruel, inhumana, degradante, abusiva e injusta, ya que no escucha a las víctimas, solo a los denunciados e investigados. No sabemos por qué les da la razón, recién nos vamos a enterar cuando nos notifiquen”, declaró Cedano.

¿Cómo se dieron las esterilizaciones forzadas?

Durante el gobierno de Alberto Fujimori en Perú (1990-2000), se llevaron a cabo esterilizaciones forzadas como parte de una política de planificación familiar agresiva. Entre 1996 y 2000, el gobierno implementó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, conocido también como el Programa Voluntario de Anticoncepción Quirúrgica (VOLUNTARIO).

Sin embargo, numerosos informes y testimonios indican que estas esterilizaciones no fueron siempre voluntarias y que se realizaron de manera coercitiva. Las prácticas de esterilización forzada involucraron presiones indebidas y, en algunos casos, violencia física para que mujeres, especialmente aquellas de comunidades rurales y de bajos recursos, se sometieran a la cirugía sin un consentimiento informado y libre. Muchas de estas mujeres eran analfabetas o tenían acceso limitado a información sobre los procedimientos.

Las esterilizaciones forzadas ha sido objeto de investigaciones y críticas, y se considera una violación de los derechos humanos. A pesar de los esfuerzos para abordar este tema, la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas ha sido un proceso largo y complejo.

CIDH llevará a Perú ante instancias internacionales por esterilización forzada de Celia Ramos

El 18 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció mediante un comunicado que había remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el significativo caso de Celia Ramos Durand, una madre piurana que falleció en 1997 tras ser sometida a una esterilización sin su consentimiento. Este caso, identificado con el número 13.752, es uno de los numerosos incidentes de esterilizaciones forzadas durante el primer mandato del exdictador Alberto Fujimori.

Según el anuncio de la CIDH, el caso fue presentado el 3 de junio de 2023, después de que el organismo internacional determinara que, incluso si Ramos Durand hubiera firmado algún documento, no se cumplieron los requisitos necesarios para que su consentimiento fuera verdaderamente libre e informado. Se detalló que, entre las irregularidades, destacaron las persistentes visitas del personal médico a Ramos Durand para persuadirla "a someterse a una intervención quirúrgica, a pesar de su falta de deseo", lo que condujo a su fallecimiento debido a complicaciones.