Aquel desayuno del 28 de octubre fue el último que Martín Solano López (49) pudo disfrutar con su familia porque esa mañana fue asesinado, en San Juan de Lurigancho (SJL), cuando iba a vender artículos en desuso en un local cuya dueña era extorsionada.
“Estamos casi como presos”, cuenta, desde San Martín de Porres (SMP), uno de los familiares del empresario Miguel Ángel Huanca Trebejo (41), quien fue secuestrado el 31 de octubre.
Esta es la realidad que aún viven miles de vecinos de SJL, SMP, pese a que, el 19 de setiembre pasado, el Ejecutivo declarara el estado de emergencia. La cantidad de homicidios y la violencia han seguido, según expertos.
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No obstante, pese a las críticas, el censurado ministro del Interior, Vicente Romero, anunció que se ampliará esa disposición por 60 días en SMP, SJL y también en los distritos de Sullana, Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa, ubicados en la provincia de Sullana (Piura).
Romero detalló que se han levantado las restricciones desde la medianoche hasta las cuatro de la mañana. Es decir, los locales nocturnos podrán funcionar sin problema. “Es la única modificatoria que hay”, expresó.
Pese a los crímenes y asaltos registrados, el ministro censurado dijo que esta medida sí ha dado resultados y citó el caso de Sullana, donde la tasa de robos, hurtos callejeros y homicidios ha bajado en 30% en sus distritos.
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Sin embargo, la duda principal que envuelve a los ciudadanos de estos lugares es qué hará ahora el Gobierno para detener el control de los extorsionadores y sicarios que siguen actuando con impunidad. Una encuesta de Datum señala que un 94% cree que no hubo ningún cambio con el estado de emergencia.
El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, rechazó una ampliación del estado de emergencia en su distrito, si esta posee las mismas características que tiene hasta el momento. Según dijo, sus vecinos viven la misma situación que antes de la medida. “No tenemos la presencia de las FF. AA., no tenemos el número de la policía que teníamos en el inicio”.
Por su parte, el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, que había solicitado extender el estado de emergencia para su distrito hasta fines de año, afirmó que sus índices de robos y extorsión disminuyeron.
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También precisó que las cifras de los homicidios por sicariato o ajustes de cuentas se redujeron: de 17 que se presentaron antes de la medida, ahora solo hay cinco.
El gerente de Seguridad Ciudadana de la provincia de Sullana, Víctor Guillén, explicó a Noticias Piura 3.0 que se teme que los sucesos de extorsión se incrementen ante el inicio de las obras y la proximidad de las fiestas de fin de año.
Las fuerzas armadas incrementarán su presencia en los puntos críticos de mayor incidencia delictiva donde se ha ampliado el estado de emergencia, afirmó el ministro de Defensa, Jorge Chávez.
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“Se ha dispuesto una coordinación más estrecha entre el Comando Conjunto de las FF. AA. y la PNP”, indicó tras añadir que se asegurará mayor presencia de los militares, con su logística, para apoyar a la policía.
Se debe precisar que la sensación que envuelve a los ciudadanos de Lima y regiones es que los extorsionadores y sicarios siguen actuando con impunidad. Hacen falta más acciones para frenar esta ola delincuencial.
Ya van 11 meses de la gestión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y hasta ahora no cumple su promesa de entregar 10.000 motos para la seguridad. Dijo que llegarán 400 en diciembre.