Rectora de UNMSM anuncia sede en Chilca y Chancay: ¿cuándo empezará la expansión?

En los últimos días, un video que muestra a fiscalizadores municipales del distrito de de Miraflores interviniendo a un entrenador de fútbol que brindaba clases a niños en el parque Leoncio Prado, se ha hecho viral en redes sociales desatando una ola de críticas en contra de la actual gestión del alcalde Carlos Canales.

Ante lo ocurrido, los vecinos miraflorinos han denunciado un abuso y arbitrariedad de los agentes de fiscalización, quienes también han sido captados desalojando de otros espacios públicos a quienes practican deportes como Yoga o Tai-chi.

Ellos han presentado su queja, alegando que no se les puede prohibir hacer uso de un espacio público, pues de acuerdo con la Ley N° 31199, les concede prioridad, además de la responsabilidad de denunciar ante la autoridad competente cualquier irregularidad en estas áreas.

En ese sentido, un ciudadano denunció este viernes que un grupo de municipales retiró a una persona que habría estado meditando cerca a los acantilados de la Costa Verde. Cuestionó que la autoridad edil privilegie, por ejemplo, la práctica del parapente y que impida la práctica libre de otros deportes.

La versión de uno de los trabajadores municipales refiere que en el lugar se harán trabajos de remodelación, obras que precisamente son anunciadas en carteles instalados por la propia comuna distrital, y por tal motivo, no se puede hacer ningún tipo de actividad en los alrededores.

PRONUNCIAMIENTO DEL MUNICIPIO MIRAFLORINO

La República tuvo acceso a la versión del municipio que tiene como alcalde a Carlos Canales. Ante esto, Lino de la Barrera, gerente municipal de esa jurisdicción, respondió a esta crítica y aclaró que el desalojo de estas personas que hacían deporte en los parques del distrito responde a una medida que buscar "poner orden" en el distrito miraflorino.

"Lo que estamos haciendo en Miraflores es poner orden, prohibiendo cualquier actividad comercial en los espacios públicos, pues desde la Municipalidad siempre se apoyará la labor de preservar el respeto entre todos", dijo. En esa línea, manifestó que las personas desalojadas estaban haciendo negocio, impartiendo clases o entrenamientos.

Respecto a la práctica del parapente, negó que esto sea un negocio que funcione bajo el mando de la Municipalidad. "Quienes han practicado parapente en el Parapuerto Miraflores son deportistas que se dedican a eso, o son grupos que se reúnen para ta fin. No se ofrece ningún servicio sin que haya un permiso municipal", subrayó.

De esta manera, Lino de la Barrera aseguró que trabajan de manera conjunta para enfrentar este constante problema que en más de una ocasión ha sido reportado por otros vecinos.

El hecho

De acuerdo con una fotografía compartida en Facebook por el usuario Hugo Otero Lanzarotti, se puede ver a un efectivo municipal de Miraflores que se le acerca a una persona que estaba sentada en los acantilados de la Costa Verde, y que solo atina a prestar atención. "Muy temprano los guardias municipales de Miraflores proceden a retirar a las personas que cada día meditan frente al mar, hacen yoga o practican el tai chi", se lee en su publicación.

"Explican los guardias que cumplen una orden y que ahí, sobre el acantilado, van a realizarse trabajos para mejorar ese hermoso lugar. Trabajos que se anuncian en carteles desde hace varios días y todavía nadie ve que comience", agrega.

Precisa también que "un regidor acudió ayer ante los reclamos de muchos que presentaron su justificada queja alegando que no se les puede expulsar de un espacio público que, según la ley, está abierto a todos".

"El representante informó que el municipio aún no decide a que grupo va autorizar para que instale allí una estación para la práctica del parapente, un pingüe negocio que vende sus servicio a los turistas y paseantes para que vuelen sobre el mar y la inmensa bahía entre Chorrillos y el Callao", concluye.

Puntos clave para entender la Ley N° 31199

Luego de 4 años de espera, el proyecto de Ley para la gestión y protección de espacios públicos fue aprobado en el Pleno del Congreso. Esta iniciativa legislativa fue presentada por las congresistas Indira Huilca y Marisa Glave en abril del 2017.

Esta ley marca un hito para la gestión, defensa y sostenibilidad de los espacios públicos como parques, áreas verdes, espacios deportivos, plazas, calles, entre otros, destinados a mejorar la calidad de la vida de las personas a través de su uso y disfrute. A continuación más detalles sobre esta ley.

• Reconoce la importancia de los espacios públicos para ciudades más sostenibles

La Ley para la gestión y protección de espacios públicos reconoce la importancia estratégica de los espacios públicos para el bienestar de la ciudadanía y del medio ambiente, ya que contribuye a la creación de ciudades sostenibles y a la generación de servicios ambientales urbanos que aportan a la calidad de vida de la ciudadanía.

La gestión ordenada de los espacios públicos también contribuye con la disminución de brechas sociales, en la medida en que el desarrollo de estos espacios brindan seguridad, recreación, accesibilidad y desarrollo pleno de la vida en condiciones de calidad.

• Reafirma las características esenciales de los espacios públicos

Por primera vez, esta ley desarrolla, de manera clara, el concepto de espacios públicos de las ciudades como aquellos espacios urbanos que sirven para la satisfacción de necesidades colectivas como el descanso, recreación, expresión cultural, intercambio social, entretenimiento, movilidad, entre muchas otras características que marcan la diferencia con los espacios privados.

De igual forma, reconoce como características esenciales de los espacios públicos como la inalienabilidad, es decir que la propiedad de estos espacios no puede ser transferida a particulares, sino que debe mantenerse en titularidad del Estado; inembargabilidad, es decir que estos espacios no pueden ser objeto de embargo; e imprescriptibilidad, es decir que no pueden ser adquiridos por particulares de ningún modo.

• Prioriza el interés público frente al privado

Establece un orden común para que los municipios y el sector privado tengan claro que el interés público siempre debe ser priorizado frente al interés privado y, por otro lado, define las competencias y obligaciones de las municipalidades, a fin de gestionar y velar por el condicionamiento y mantenimiento de estos espacios públicos, con el objetivo de protegerlos y potenciar su uso y acceso.

• Establece un régimen excepcional para la desafectación de espacios públicos como bienes de dominio público

La ley establece que la intervención y desafectación de espacios públicos es excepcional. Esto quiere decir que se deben considerar los espacios públicos en la planificación de las ciudades y en el diseño de proyectos y, en última instancia, preveer la afectación al espacio público. Es importante precisar que la desafectación como bienes de dominio público obedecerá a criterios determinados como la salud pública, seguridad ciudadana, gestión de riesgos de desastres naturales, proyectos de reestructuración, de adecuación o de renovación urbana que impliquen modificaciones en la estructura urbana existente.

• Contribuye a la planificación y sostenibilidad de las ciudades

La ley crea herramientas clave como el Plan Provincial de Espacios Públicos y el Plan Distrital de Espacios Públicos que facilitan la planificación y el aprovechamiento de los espacios públicos, garantizando la estabilidad de los ecosistemas de las ciudades y contribuyendo a la disminución de brechas sociales.

• Establece un régimen de protección de espacios públicos

Para garantizar la conservación de los espacios públicos, la ley establece un régimen de protección a través de la determinación de infracciones y sanciones que atentan contra los espacios públicos. Respecto a las infracciones, estas están tipificadas en un listado que comprende acciones como la alteración del suelo de áreas púbicas, dañar bienes de uso público, verter residuos sólidos en terrenos no autorizados, ocupación permanente de espacios públicos, entre otros.

Caso de presunta discriminación en Miraflores

Hace menos de un mes, un video compartido en Twitter evidenció el momento en que un efectivo municipal de Miraflores se acerca a una fémina, acompañado de otra colega que se mantiene detrás de él sin mediar palabra alguna, y le pide retirarse del parque Kennedy donde se encontraba sentada junto a su menor hijo.

Las imágenes fueron calificadas como discriminación, pues la mujer no estaba vendiendo ningún producto, solo sentada en la banca. En el video, se ve como el sereno miraflorino ya le venía diciendo a la joven madre que “lamentablemente ya hemos estado hablando con ustedes”, mientras la conminaba a retirarse.

Ante esta situación, la mujer no se quedó callada ni se dejó amedrentar por la presencia de la autoridad municipal y le respondió que ella no estaba haciendo nada malo ni ilegal. “Yo estoy descansando, ¿acaso estoy vendiendo?”, le dice mientras alimentaba a su pequeño.

“Ve a tu pueblo”

No obstante, Martha Crispín Cuadros, hermana de la agraviada, reveló que no es la primera vez que sufren este tipo de distinción. “No vendas acá, ve a tu pueblo, así me dicen. (¿Te discriminan?) Sí, cochina paisana, así dicen [...] los fiscalizadores”, indicó.

Además, aseveró que cuando se sienta en una de las bancas que tiene el parque le piden que se pare y se retire. “No me dejan descansar. A mí qué me importa que estés descansando me dicen. A mí qué me importa, rápido, rápido”, señaló.

Sin embargo, según ella, no solo serían agredidas de manera psicológica, sino también menciona que sufrieron “empujones” por parte del personal del área de Fiscalización de Miraflores. “Sí, me empujan”, agregó.

A través de un comunicado, el municipio de Miraflores también se negó que exista una distinción contra la mujer y se afirmó que tampoco se le pidió que se retirara. En ese sentido, expresaron su “rechazo tajante” a la acusación e indicaron que solo se tuvo la intención de “tergiversar” la situación. Además, recordaron que el uso de la venta ambulatoria está prohibido.

“Ella comercializa productos en el parque de Miraflores, lo que hace el fiscalizador es reconvenir a la señora y le dice ‘le hemos hablado, hasta en varias oportunidades que tiene que usted retirarse’. En Miraflores lo que hemos hecho es organizar a las personas que realizan el comercio ambulatorio... A ver, te lo pongo en términos sencillos, yo sé que una persona va a delinquir, ¿tengo que esperar que esté delinquiendo para agarrarla?”, precisó en aquella ocasión Lino de la Barrera.

Dato

En un país diverso y multicultural, el racismo y la discriminación son males que aquejan a nuestra sociedad y que, particularmente, los sufren los pobres, los provincianos quechuahablantes y los afroperuanos.

La discriminación es el trato diferenciado o desigual que –sin justificación– se ejerce sobre una persona o grupo, ocasionando el menoscabo en el ejercicio o goce de sus derechos individuales o colectivos. Dicho trato no justificado se sustenta en motivos prohibidos por el ordenamiento jurídico.

Para que se produzca un acto discriminatorio se deben configurar tres elementos:

• Un trato diferenciado injustificado.
• Que el trato diferenciado se base en un motivo prohibido: color de la piel, origen, etnia, sexo, idioma, religión, opinión, filiación política, discapacidad, enfermedad, orientación sexual, identidad de género, condición económica, social o de cualquier otra índole.
• Que se produzca la anulación o menoscabo en el reconocimiento, ejercicio y/o goce de un derecho.

¿Qué significa discriminación étnico-racial?

De acuerdo al Ministerio de Cultura, la discriminación étnico-racial es “todo trato diferenciado, excluyente o restrictivo que afecte uno o más derechos fundamentales de la persona y tenga por motivo sus características raciales (color de piel, facciones físicas, color y tipo de cabello, etc.) y/o características étnicas (identidad cultural, conjunto de hábitos, costumbres, indumentaria, formas de vida, idioma o lengua, lugar de origen o procedencia, etc)”.

Intervención de la Defensoría

La Defensoría del Pueblo quiere hacerle frente a la discriminación y por ello, atiende en sus oficinas casos por presuntos actos de discriminación en diversas partes del país. De esta forma, investiga los hechos y solicita a las instituciones públicas llamadas a intervenir en cada caso para erradicar los actos discriminatorios con el objetivo de restituir los derechos vulnerados.

Asimismo, lleva a cabo reuniones de trabajo, talleres y eventos de sensibilización para incidir de manera positiva en las instituciones públicas y privadas, así como en la sociedad en su conjunto, destacando el valor de las diferencias y la defensa de los derechos fundamentales.

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