Fuero Militar Policial pide prisión contra Jhon Torres, agente que renunció tras masacre en Juliaca

Con información de Liubomir Fernández/URPI-LR
El Fuero Militar Policial solicitó prisión preventiva en contra de Jhon Torres Yataco, el efectivo que renunció a la Policía Nacional del Perú un día después de las manifestaciones registradas en Juliaca (Puno), donde murieron 18 civiles.

El ex efectivo policial es acusado de ofender a la presidenta de la República, Dina Boluarte, al abandonar su cargo y no esperar a recibir su pase al retiro para dejar de trabajar en la institución.

En declaraciones para La República, su defensa señala que a Torres Yataco se le imputan tres delitos: desobediencia, ofensas al superior y el de deserción, y que por lo anterior piden seis meses de prisión preventiva contra el joven.

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El abogado Torres Rosello contó que, el día de la masacre en Juliaca (9 de enero), su patrocinado prestaba sus servicios en el aeropuerto Inca Manco Capac del la ciudad. Asimismo, que fue parte de los enfrentamientos y al regresar a su sede policial y tomar conocimiento de que habían fallecido muchas personas decidió abandonar la PNP. El martes 10 de enero presentó su renuncia y dejó de acudir a la institución.

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Tiempo después publicaría un video en TikTok haciendo de conocimiento público su caso y además solicitando la renuncia de Dina Boluarte. Según su abogado, esta es la razón por la cual el Fuero Militar le abrirá un juicio, pese a ya no estar en funciones y ser ciudadano civil. Igualmente, lo acusarían de hacer declaraciones en redes sociales sin la autorización de su comando.

“Es probable que había órdenes de la utilización de armas de fuego de forma indiscriminada, entonces, obviamente ante un mandato ilegal que afecte la vida de los conciudadanos, el efectivo no va poder cumplir esas órdenes”, aseguró su abogado. Además agrega que esto es incompatible con la Constitución que rige también a la Policía.

La audiencia con el Fuero Militar Policial la tienen programada para el martes a las 10.00 a. m. Torres Rosello espera que la decisión se ajuste a la Carta Magna.