Tacna tiene pendientes 200 procesos disciplinarios a policías
Investigación. En esta región, cuatro policías afrontan pedido de prisión preventiva por caso “Los pulpos de Gregorio Albarracín”. Especialista propone que Inspectoría pueda contar con veedores civiles en procesos disciplinarios.
El 20 de mayo, en un megaoperativo, tres policías, un abogado y un civil fueron detenidos por integrar una presunta organización criminal que ayudaba a choferes infractores en las comisarías a cambio de pagos. Dos de los policías fueron enviados a prisión, mientras que otros cuatro (que no fueron intervenidos) afrontarán hoy un pedido de cárcel de 18 meses.
Lo más escandaloso sobre este caso ha sido la reproducción de las escuchas telefónicas al abogado Iván Tirado Rebaza (actualmente preso). En las grabaciones, obtenidas legamente por la Fiscalía, se oiría al abogado hablar del pago de comisiones a los policías a cambio de clientes y la repartición de pago por la pronta liberación de los infractores.
Desde la Región Policial, se anunció que se evaluaría cada caso y que se adoptarían medidas administrativas. Sobre los agentes involucrados que se encuentren en libertad, se mencionó su posible rotación. A pesar del anuncio, la imagen de la Policía se ha debilitado más frente a la ciudadanía.
En Tacna la Oficina de Procesos Disciplinarios de la Policía, hasta la fecha en que se dio el operativo, contaba con cerca de 200 expedientes de casos complejos pendientes a resolver. Algunos de ellos datan desde 2019, aunque el reglamento del régimen disciplinario otorga 30 días para la etapa investigación.
La Oficina de Disciplina es el órgano de investigación en un proceso administrativo, su labor es recomendar o descartar una sanción para los policías acusados de faltas. La Inspectoría Descentralizada (ubicada en Tacna) es quien, en base a esa recomendación, decidirá si un policía es sancionado. Un caso complejo puede llegar hasta Inspectoría General (Lima).
Stefano Corzo Vargas, Investigador del Área de Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal (IDL), opinó que entre las principales fallas que tienen los órganos que administran justicia en el fuero policial, está en la debilidad de sus sanciones las cuales muchas veces no reflejan la gravedad de una falta.
Explicó, por ejemplo, que por la muerte de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, durante la represión policial en las marchas de noviembre del 2020, Inspectoría emitió informes que casi exoneraban de toda responsabilidad a los policías implicados.
Estos fallos endebles-dijo Corzo- se deberían en parte a que son los mismos policías quienes imparten justicia contra sus colegas. Una propuesta para dejar este problema atrás, es permitir el ingreso de civiles a la Inspectoría o de veedores. Otra alternativa es que ciertos casos de faltas flagrantes pasen directamente a ser juzgadas en un fuero judicial civil.
Un segundo problema identificado por Corzo es la personalización de la justicia. Es decir, que un mando policial en un órgano de justicia puede favorecer a cierto grupo allegado a él o, por el contrario, perjudicar a un agente que intente denunciar corrupción en su centro de trabajo.
Y un último problema es la creación de ambientes perfectos para la corrupción. Corzo señaló que en ocasiones se envía a los policías con peor comportamiento a una comisaría o sede en un distrito peligroso o más precario como una especie de castigo. No es una política policial, ni está avalado legalmente, pero ocurre.
Es así, que se tienen en un solo lugar a los peores elementos, perfectos para generar casos como los Pulpos de Tacna. Ahí los efectivos investigados pertenecían al área de Tránsito de la Comisaría de Gregorio Albarracín, aunque no se descarta que agentes de otras sedes estén involucradas.
