Embarazos adolescentes, un riesgo latente en menores indígenas
Vivas y libres nos queremos. En el marco del 8M, adolescentes y jóvenes indígenas exigen erradicar esta problemática que trae graves consecuencias a las menores a nivel educativo, social, psicológico y físico.
“Un primo lejano de la familia de mi amiga Rosa* visitó a la comunidad. Ella me contó que el señor al principio fue bastante amable para caer bien a todos, para ganarse la confianza, hasta que un día, mientras pasteaba a las vacas, el sujeto la buscó y abusó de ella”, cuenta Karina Ramos Curo a La República, joven quechua de 23 años de la comunidad de CCano Yanamonte del distrito de Uchuraccay, provincia de Huanta, Ayacucho.
En el marco del Día Internacional de a Mujer, Karina cuenta que su amiga Rosa tenía 15 años cuando sufrió de violencia sexual y, producto de ello, quedó embarazada, por lo que pasó a ser una de las 1.436 niñas y adolescentes que fueron obligadas a ser madres a la fuerza en el 2021, según datos del Ministerio de Salud (Minsa).
El violador, de casi 40 años, amenazó a la menor con asesinar a sus padres y hermanos, por lo que la sobreviviente no pudo contar lo ocurrido hasta los cinco meses de embarazo. “Cuando se le empezó a notar la barriga y las manchas en la cara, Rosa ya no pudo mantener el secreto y le contó a sus padres: su papá le pegó hasta varias semanas después, le decía: ‘Ya no eres mi hija’, y no tenía apoyo de su familia ni de la comunidad. Acá todos juzgan y culpan a la víctima. Por esa vergüenza ella dejó la escuela”, lamenta la joven activista.
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Entre el 2017 y el 2021, el Minsa registró 8.643 partos de adolescentes entre 15 y 19 años en Ayacucho, y más de 249.000 a nivel nacional. De acuerdo al Reporte Nacional sobre Violencia Sexual contra Niñas y Adolescentes Indígenas realizado por la organización Chirapaq en el 2020, se registraron 458 casos de violencia sexual en niñas y jóvenes indígenas de 10 a 29 años.
En muchas comunidades andinas las familias recurren a tratos o negociaciones internas para encontrar algún tipo de reparación, por lo que suelen llevar el caso de violencia en las sombras debido a los patrones culturales conservadores y a las barreras de acceso a la justicia por la escasa credibilidad que se les otorga a las víctimas, sobre todo a mayores de 14 años, puesto que solo hasta esta edad se presume de facto que la causa de un embarazo adolescente sea una violación sexual, conforme indica el art. 173 del Código Penal.
Las consecuencias del embarazo adolescente
El embarazo adolescente es un problema de salud pública con tres principales causas: el desconocimiento y dificultades de acceso a métodos anticonceptivos adecuados, la ausencia de una educación sexual de calidad, y la violencia sexual, como en el caso de Rosa.
“En el colegio no hemos tenido información sobre sexualidad, tampoco en las postas de salud, solo nos hablan del comienzo de la menstruación y creo que por eso acá [en Uchuraccay] la mayoría a los 16 años ya son madres. Tengo una prima que por falta de conocimiento del tema también quedó embarazada. Sumado a eso, muchas de nosotras hablamos en quechua y el personal de salud no maneja nuestra lengua materna, por eso no hay buen entendimiento”, asevera Karina Ramos.
Esta problemática tiene fuerte impacto a nivel educativo, además de las consecuencias sociales, físicas y psicológicas en la adolescente, sostuvieron en una entrevista pasada con este diario la psiquiatra Martha Rondón y la especialista en salud pública Susana Chávez.
El embarazo en esta etapa temprana aumenta la deserción escolar, tal como sucedió con Rosa. “Lamentablemente, la niña o adolescente es expulsada no por las normas, sino por el contexto social”, detalló Chávez. Pese a que Perú cuenta con la Ley 29600, que fomenta la reinserción escolar por embarazo. Las tasas de deserción escolar del Ministerio de Educación indican que, al año 2020, una de cada tres adolescentes abandonó los estudios por encontrarse embarazada o ejercer labores relacionadas al cuidado de niños.
Al no finalizar sus estudios, estas adolescentes tienen más probabilidades de pertenecer a la población que labora en trabajos informales y menos posibilidades de acceder a un trabajo remunerado, lo que deriva en la perpetuación del círculo de pobreza.
Según relata Ramos, la joven madre se alejó de los círculos de sus amistades por los prejuicios que giran en torno a una adolescente embarazada. Ahora trabaja en la chacra y cría sola a su bebé. Sin embargo, el agresor continúa viviendo en la comunidad. “Camina tranquilo como si nada hubiera pasado”, cuenta la activista.
En cuanto a la salud psicológica, Rondón precisó que otra de las consecuencias es la interrupción del desarrollo neurobiológico. “Como resultado de esto, crecerán ansiosas, tenderán a interpretar lo que les ocurre de forma negativa, tendrán dificultad para responder al estrés, así como para aprender de su propia experiencia porque hay alteraciones en la memoria mediata”, advirtió.
Una propuesta para solucionar el embarazo adolescente
Para revertir esta situación, jóvenes indígenas de organizaciones como Ñuqanchik, la Red Ñuqanchik Maronijei Noshaninka, la Ujia Wayna Wila, y la Federación de Comunidades Nativas Yanesha-Feconaya, junto a Chirapaq, solicitan la actualización del Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo Adolescente 2013-2021 con la participación de los y las jóvenes de diferentes colectivos indígenas del Perú.
“Este plan ya venció el año pasado y requerimos que se actualice tomando en cuenta a la juventud indígena”, sostiene Karina Ramos. Ella afirma que la población indígena es aún más vulnerable a esta problemática debido a que no toda la población tiene acceso a internet y, de tenerla, la conexión es bastante deficiente.
Asimismo, la joven activista sostiene que dicho Plan Multisectorial debe incluir la variable étnica debido a la discriminación que sufren en los centros de salud. “Al momento de hablar nosotras en quechua, ashanika o machiyenga, y los trabajadores en español, ellos no nos escuchan”, afirma.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) también indica que las adolescentes menores de 16 años corren un riesgo de defunción materna cuatro veces más alto que las mujeres de 20 a 30 años. Debido a esto, sugieren que las menores tengan la posibilidad de pensar en el aborto terapéutico nada más que por problemas de salud, pues los cuerpos más jóvenes no están plenamente desarrollados para afrontar el proceso del embarazo y el parto sin consecuencias adversas.
*Modificamos el nombre de la adolescente para proteger su identidad.
