Más de 90 ciudadanos de 14 provincias de Áncash, en audiencia pública organizada por la Contraloría General de la República, pusieron en conocimiento de los funcionarios retrasos en obras y gestión deficiente de recursos el Estado en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19.
Entre otros aspectos, por ejemplo, los participantes alertaron sobre uso de bienes y recursos en el Terminal Portuario de Chimbote, las redes de salud Huaylas y Pacífico Sur, en el programa Trabaja Perú, en las UGEL, así como en municipios distritales y provinciales. Por otro lado, se cuestionó la calidad de las obras y el incumplimiento de los plazos para su entrega.
Los ancashinos, además, comunicaron presuntas irregularidades en la entrega de bonos COVID-19 a servidores públicos, mala gestión en presupuestos a redes de salud para la vacunación, en compra de mascarillas y protectores faciales para docentes y administrativos de Educación, etc.
En este mismo espacio, la Contraloría rindió cuentas sobre los servicios de control ejecutados en Áncash. Hasta junio de 2021, se emitieron 381 informes, entre los que destacan 133 acciones de oficio posterior y 150 servicios de control concurrente. En 2020, fueron un total de 1.148 informes simultáneos en las 20 provincias.