Las gerencias, subgerencias y órganos desconcentrados de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (departamento de Lambayeque), están obligado a cumplir y hacer cumplir los alcances de la Ley 30424 o Ley Antisoborno, por medio de la cual se establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
La autoridad edil dispuso que cada oficina coloque letreros informando al público que los trámites administrativos en la entidad son gratuitos, quedando prohibido pago por cualquier concepto al funcionario o empleado del área respectiva.
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De esta forma se busca prevenir actos de corrupción en la municipalidad, como el pago de coima para acelerar un trámite u obtener resolución favorable.
La comuna recordó que este acto era recurrente en las gestiones ediles anteriores de lo exalcaldes Roberto Torres y David Cornejo; es por ello que se opta por aplicar este tipo de medidas preventivas.
Esta ley y otras normas complementarias, se aplican a las personas jurídicas, públicas y privadas, incluidas las personas jurídicas de hecho; tales como asociaciones, comités y entidades irregulares.
El solo hecho de percibir beneficio de conductas ilegales de empleados o agentes de la empresa, es suficiente para imputarla.
Las penas y sanciones se cuantifican sobre la base del beneficio derivado del soborno y el ingreso anual de la persona jurídica.