Cusco. El Ministerio Público abrió investigación preventiva contra los comuneros que la tarde del último jueves ingresaron hasta las instalaciones de uno de los tajos de la empresa minera Glencore-Antapaccay en la provincia de Espinar.
Cerca de 280 pobladores de la comunidad de Alto Huarca, zona de influencia de las operaciones mineras, protestaron con esta acción. Manifestaron que están cansados del incumplimiento de promesas que la empresa tiene con dicha comunidad. Los quejosos piden la presencia del gerente general de Glencore, Carlos Cotera.
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Responsabilizan a la transnacional de romper el diálogo para atender sus reclamos en relación a los problemas socioambientales. Por esto decidieron acudir hasta uno de los tajos e instalarse con sus carpas y ollas comunes, evitando la circulación de vehículos, entre otras actividades.
Información del lugar sostiene que esta incursión se realiza de manera pacífica y no se interrumpió las operaciones en la mina. No obstante, la mañana de ayer representantes de la Fiscalía de Prevención del Delito y un contingente policial realizaron una inspección. Ese despacho fiscal anunció que abrió investigación contra cinco dirigentes: Víctor Álvarez Chilo, Beatriz Chullo Chilo, Wiber Llave Umasi, Vidal Chullo Coata y Aníbal Chilo, así como a los que resulten responsables, por los presuntos delitos contra la seguridad pública en su modalidad de delitos contra medios de transporte, comunicación y otros, en su forma de entorpecimiento de servicios públicos en agravio del Estado peruano. La investigación también comprende los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, exposición al peligro en agravio a los trabajadores de la empresa Antapaccay.
Es de recordar que en julio último los representantes de quince comunidades campesinas de Espinar expresaron su malestar con las operaciones de la minera Glencore. Los comuneros iniciaron meses atrás gestiones ante el Ejecutivo nacional para que anule el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y suspenda temporalmente las operaciones de la mina. Acusan, además, contaminación y que no se implementó la consulta previa.