Dos funcionarios inhabilitados por Contraloría trabajaron en municipio de Yura

El alcalde del distrito de Yura, Harry Gómez conocía sanciones contra gerente y subgerenta desde abril y mayo, pero no los retiró de su cargo. Mal accionar le costaría caro.,Felipe Ramírez Guerrero y Arcemia Bustamante Quispe laboraron en la Municipalidad Distrital de Yura varios meses estando inhabilitados por la Contraloría. El primero era gerente municipal y la segunda, subgerenta de Tesorería. El alcalde Harry Gómez lo sabía y permitió que sigan siendo funcionarios hasta la primera quincena de agosto. PUEDES VER: Contraloría suspende a 27 funcionarios públicos de Arequipa. Reciclados Las inhabilitaciones provienen de sus ejercicios en el gobierno regional en la gestión de Juan Manuel Guillén. Ramírez era el jefe de la Oficina de Recursos Humanos y fue el principal implicado en el pago indebido de bonificaciones por movilidad a trabajadores de Construcción Civil en 2012. Se calculó un perjuicio económico de S/ 189 433, porque el funcionario emitió informes que autorizaban el pago de planillas por movilidad, pese a que estas incluían un incremento indebido. La sanción fue de un año de inhabilitación para ejercer función pública. En su apelación, Ramírez indicó que él no tenía la función de emitir dichos documentos. Aún así, la Contraloría ratificó la sanción el pasado 8 de mayo. En el caso de Bustamante, se la castigó por modificar voluntariamente las especificaciones técnicas para adquirir una ambulancia en 2011 sin opinión técnica. Esto, cuando fue jefa del Departamento de Logística y Patrimonio. Según la resolución de sanción, de esa manera favoreció a la contratista Sur Motors S. A. en el proceso de selección. En su apelación, Bustamante indicó que no era su función evaluar los aspectos técnicos de la ambulancia. Además, el pago a la empresa ganadora no era responsabilidad suya. Sin embargo, Contraloría desestimó sus argumentos y refrendó la sanción de un año el 30 de abril. Ambas inhabilitaciones fueron remitidas al alcalde pocos días después. Sin embargo, no hizo nada, hasta que la Oficina de Control Institucional (OCI) de la comuna de Yura le envió el Oficio N.°10-2018 el pasado 3 de agosto. En este le advierte que se “generan riesgos de afectar el principio de legalidad, probidad y ética pública y transparencia”. La República trató de comunicarse con Harry Gómez, pero no respondió. El jefe de la oficina de Imagen, Walter Porras, indicó que el secretario municipal, Max Moscoso, apenas recibió la comunicación de la OCI, dispuso el retiro de los funcionarios. Los regidores Teddy Castro y José Cuba dijeron que pedirán explicaciones al alcalde Gómez sobre el tema. Alcalde puede ser sancionado El especialista en derecho municipal, Jorge Sumari, advirtió que la omisión de funciones de Gómez podría costarle caro y también a los exfuncionarios por no informar de sus sanciones. “Todos los actos administrativos (de Ramírez y Bustamante) quedarían nulos. Además, habría un perjuicio económico contra el Estado por los meses que cobraron estando inhabilitados”, agregó. Gómez podría ser procesado y sancionado por la Contraloría, ya que tiene facultades para sancionar a autoridades.