Geolocalización. Dasat Asto Retis asesinó a su pareja en Aguaytía y fue capturado en Lima. Policía ubicó su número de celular por moderno sistema de geolocalización.,Alina Bocanegra Pinedo saca su celular y pone una grabación en altavoz. La llamada es del Nº 998023481 y escucha a una mujer diciendo: “Amiga, este teléfono lo encontré cuando cosechaba en mi chacra de Pichanaki (Chanchamayo-Junín). También he visto tres cadáveres que estaban subiendo a un vehículo”. La comunicación se corta abruptamente. Diez días antes, Gisela Curico Pinedo (42) –hermana de Alina– había desaparecido tras retirar un préstamo de S/ 2.500 en una financiera de Aguaytía, en Ucayali. PUEDES VER Mató a su esposa para robarle 2.500 soles y cayó paseando en Lima Ese mismo día la comerciante fue asesinada por su conviviente, Dasat Jamerlin Asto Retis, conocido como ‘666’, quien había huido con el dinero. El asesino jamás pensó que su propia madre lo delataría, entregando a la policía el número de celular que portaba: 998023481. Coartada descubierta Las investigaciones determinaron que la llamada que recepcionó Alina el 14 de mayo era una coartada del asesino y esto motivó el requerimiento de geolocalización del teléfono incriminado. Demostraron que el número registraba una actividad en los distritos limeños de Lurín y Villa El Salvador. La fiscal de Padre Abad-Ucayali, Raquel Foraquita, dispuso entonces la designación de un equipo especial que finalmente logró capturar al feminicida en el Open Plaza de Atocongo. Durante el interrogatorio dio tres versiones: primero dijo que “por mutuo acuerdo con la agraviada y un tercero decidieron quedarse con la droga de un narcotraficante y que esa organización asesinó a su pareja y a su socio”. Luego señaló que descubrió una infidelidad de la víctima con su expareja, a quien conoce como Joselito Bernales, y por ello decidió quitarle la vida. Finalmente, ante las pruebas, confesó que la estranguló para quedarse con los 2.500 soles y que dejó el cadáver a la intemperie. Sin orden judicial La Policía llegó al criminal gracias a un moderno sistema de geolocalización satelital que permitió ubicarlo geográficamente en determinados lugares y horas, gracias a su teléfono. Esta herramienta fue desarrollada por la Policía, en coordinación con las empresas de telefonía, en cumplimiento del Decreto Legislativo Nº 1182. Según la norma, la Policía, sin necesidad de una orden judicial, puede requerir a las operadoras de telecomunicaciones del país la localización y geolocalización de celulares u otros equipos de comunicaciones para obtener la ubicación de una persona que cometió un delito. Para que ello ocurra debe tratarse de un delito flagrante, que la infracción tenga una pena de más de cuatro años de privación de la libertad y que el acceso a esta información sea un medio necesario para la investigación policial.
