En gestión de Licona sí se contrató a empresa de Janet Castro

Desde ese aparato, Castro escribía mensajes a Licona exigiéndole proyectos. Los servicios facturados corresponden a 2015 y 2016 según portal electrónico.,La empresa Jamil Corporación Contratista SAC, de la investigada empresaria Janet Castro Chura, facturó y cobró del Gobierno Regional Cusco S/ 96 mil 850 en 2015 y 2016. En esos años, la empresaria mantenía conversaciones mediante WhatsApp con el gobernador regional Edwin Licona sobre deudas, pago de "diezmo anticipado" y favorecimiento con obras. Ganó procesos en el Proyecto Especial Plan Copesco y en la sede central del Gobierno Regional Cusco. Eso podría tener relación con uno de los mensajes enviados por la empresaria al gobernador en el que dice: "ING buenas tardes, estoy en Copesco, hay directas para Huarocondo y no quieren darme, todos se reparten y nada para mí. Hable con el residente y, por favor, que me den siquiera uno". PUEDES VER Edwin Licona figura en agenda de prófugo de caso Odebrecht En 2015, Jamil Corporación Contratista facturó S/ 20 mil 950 al Plan Copesco y en 2016 cobró S/ 75 mil 900 de la sede central, según la página de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El abogado José Antonio Olivares consideró que los mensajes y servicios adjudicados a esta empresa por el GRC constituyen elementos de prueba fuertes que deben llevar a la formalización de la denuncia. “(Los mensajes) son elementos de prueba fuerte. Allí hay elementos importantes que deben corroborarse por la investigación de la fiscalía”, anotó. Por su parte, el abogado penalista Henry Delgado sostuvo que los diálogos configurarían un nuevo delito: tráfico de influencias. “Sería tan igual o similar al caso de Ollanta Humala, porque él directamente no ha participado en el favorecimiento, pero sí lo habría coordinado”. Aseguró que los diálogos son “un elemento de convicción que tiene que ser corroborado por otros actos de investigación adicionales para que se formalice la investigación”. Al respecto, la fiscal a cargo del caso, Gladys Aparicio, no quiso hablar del proceso ni de la importancia de estas "pruebas". "No estoy obligada a declarar", dijo la magistrada. Luego dio por terminada la visita que le hizo un grupo de periodistas. Olivares consideró que el caso ya debió pasar a la fase de investigación preparatoria “conociendo lo que hay”. “Lo grave es que en la fiscalía no se cumplen con los procedimientos y los plazos establecidos. Dos años es mucho tiempo para investigar. Los fiscales no están cumpliendo su trabajo”. Tampoco quiso hablar la presidenta encargada de la Junta de Fiscales Superiores, Elizabeth Ortiz de Orué. Igualmente, el gobernador Edwin Licona sigue sin pronunciarse sobre esas conversaciones que sostuvo en los años 2015 y 2016. ß CRÍTICA A FISCALÍA Y LICONA Mientras que los consejeros regionales Alaín Alanocca y Nicanor Umiyauri cuestionaron la lentitud del Ministerio Público, que ya lleva dos años investigando el caso y hasta ahora no ha formalizado la denuncia. "La fiscalía promueve la corrupción con estas demoras", dijo Umiyauri. "La fiscalía debe actuar con la celeridad del caso, porque si son conversaciones del gobernador con la proveedora, se estaría actuando con dolo, y más aún cuando estos trabajos no se iban a ejecutar, que sólo iban a servir de pantalla para poder sacar dinero del Gobierno Regional", anotó Alanocca. También cuestionaron el silencio del gobernador. "El que calla otorga. Vamos a ver en los siguientes días si los citamos al Consejo para que explique sobre esos mensajes y los hechos", dijo Umiyauri. 2621