Poder Judicial crea inseguridad jurídica en empresa Tumán

Reacciones. Prefecto Aita pidió a organismo resolver conflicto azucarero, tras conocerse que se instalaría nueva administración judicial. Policía otorgará medidas pero en perjuicio de seguridad ciudadana.,Poder Judicial crea inseguridad jurídica en empresa Tumán,Poder Judicial crea inseguridad jurídica en empresa Tumán,Chiclayo Luego de conocerse que el Juzgado Mixto de Bongará (distrito judicial de Amazonas) ordenó la reinstalación de una administración judicial en la Empresa Agroindustrial Tumán, el prefecto regional de Lambayeque, Rafael Aita Campodónico, conminó al Poder Judicial a resolver este problema que genera “inseguridad jurídica”. Contradictorio Aita lamentó la crisis que afronta la empresa y el distrito de Tumán debido a los constantes pronunciamientos de los juzgados civiles de Chiclayo y de otros distritos judiciales que resuelven sobre los destinos de la azucarera de forma “contradictoria”. “Esto lo tiene que corregir el Poder Judicial. Esta última resolución (de Bongará) nuevamente crea inseguridad jurídica y trastoca la paz social”, refirió la autoridad, quien además recordó la propuesta del presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, sobre la promulgación de una ley “para que las acciones de amparo se vean en las propias localidades y no se pierda la jurisdiccionalidad”. Del mismo modo solicitó al Ministerio de Trabajo, a través de la Superintendencia de Fiscalización Laboral (Sunafil), intervenir en la crisis azucarera vigente en Tumán para que ayude a resolver el tema de fondo: la situación laboral de los miles de trabajadores en la agroindustrial. Lo mismo le solicitó a la Gerencia Regional de Trabajo. “Necesitamos que cada funcionario cumpla con su labor porque tenemos todas las leyes y solo se debe aplicar el principio de autoridad”, refirió. Seguridad ciudadana Por su parte, el jefe policial de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, indicó que acatarán la resolución N.° 01 emitida por el Juzgado de Amazonas, en el extremo donde se ordena que se brinde las garantías para la reinstalación de la administración judicial liderada por Daniel Rioja Sánchez y Martín Martínez Valdivieso, y a la vez se deje sin efecto el quinto directorio de la agroindustrial y que está vinculado al Grupo Oviedo. Pérez indicó que están a la espera del pronunciamiento del Ministerio del Interior para cumplir con el fallo judicial que, de acuerdo a la resolución, deberá ejecutar el Juzgado de Paz Letrado de Tumán. Pese a la disponibilidad de la Policía a involucrarse en el tema azucarero, Pérez no evitó mostrar su malestar porque este tipo de diligencias “distrae” la atención de los efectivos en temas más relevantes como la inseguridad ciudadana. “Es un problema judicial que esperamos sea resuelto pronto”, dijo. De otro lado, el quinto directorio de Tumán envió un comunicado de prensa para calificar a la resolución del juez de Bongará, José Bravo Soto, como “írrita, ilegal y desproporcionada”, y recordar que el magistrado es investigado por la Ocma por un anterior pronunciamiento judicial en la azucarera. ¿Nuevos enfrentamientos? Actualmente el distrito de Tumán se encuentra con una declaratoria de estado de emergencia vigente que fue dictado para ofrecer seguridad a la instalación del directorio del Grupo Oviedo (cuarto directorio de la empresa) según ordenó el Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo. El nuevo pronunciamiento del Juzgado de Bongará viene luego de que la Primera Sala Civil conminara al Séptimo Juzgado Civil a dejar sin efecto la instalación del cuarto directorio. Sin embargo, para cuando el colegiado se pronunció, el cuarto directorio ya había elegido, a través de junta de accionistas, al quinto directorio, librando así a la empresa de administraciones judiciales.