Defensoría solicita a Pedro Castillo que “renuncie a su cargo” frente a la crisis

La Defensoría del Pueblo manifestó su postura institucional sobre los acontecimientos que se dieron durante los últimos días en el país. Mediante un oficio dirigido al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, la entidad dejó saber que es “consciente de la necesidad de superar esta situación”.

Es por ello que, en el marco de sus competencias institucionales, expresó que en su función de ser garante de los derechos fundamentales de la población peruana, así como de supervisar una adecuada “prestación de servicios públicos y del cumplimiento de los deberes de la administración estatal”, solicita la “renuncia” del presidente Castillo para “comenzar un curso de salida frente a esta grave crisis”.

En el documento enviado este sábado 9 de abril, se lee que entre otras consideraciones destacan las reiteradas y tempranas advertencias que realizó el órgano institucional sobre el incumplimiento del mandato constitucional, que obliga al Estado a garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y que, igualmente, obliga directamente al presidente de la República a cumplir con la Constitución y el ordenamiento jurídico.

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Otra de las razones en que se basa la postura de la Defensoría del Pueblo es el desgaste de la administración estatal, “así como a los evidentes retrocesos en las políticas públicas producto de acciones y omisiones de su gobierno”. En el documento nombran como ejemplo al nombramiento de ministros de Estados y personas que no resultan ‘idóneas” para dichos cargos, pues son “incompetentes”, no tienen experiencia o porque están vinculados a “ilícitos penales o casos de violencia contra las mujeres”.

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, también incluye a la lista de consideraciones la falta de transparencia, ya que aún no ha hecho pública la lista de visitas que recibió cuando estuvo fuera del Palacio de Gobierno, tal como lo ordenó el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

A esta lista también se incluye la inmovilización social obligatoria que se ordenó para el 5 de abril, la cual es vista como una medida inconstitucional.

“Vista la reciente e inconstitucional medida de restricción de libertades y derechos de 11 millones de peruanos y peruanas, en la que se instrumentaliza la declaratoria del estado de emergencia para evitar atender un conflicto social que debió ser solucionado desde un inicio a través del diálogo, así como frente al uso desmedido, desproporcionado, irracional e inmotivado de la inmovilización social, que constituye una transgresión flagrante al orden constitucional sobre la cual hasta el día de hoy no ha rendido usted cuenta al Congreso, conforme lo dispone el artículo 137 de la Constitución”, se lee en el oficio.