Keiko Fujimori no puede salir del Perú por 36 meses

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, su exesposo Mark Vito Villanella y seis de sus principales colaboradores políticos no podrán salir del Perú por los próximos 36 meses, mientras se desarrolla el juicio por presunto lavado de activos en las campañas políticas de los años 2011 y 2016.

Así lo determinó el juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga Urday en la última audiencia de la fase de control de la acusación presentada por el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial del caso Lava Jato.

Los colaboradores políticos de Fuerza Popular y Keiko Fujimori a los que se les impuso impedimento de salida del país son: Vicente Silva Checa, Ana Herz Garfias de Vega, Adriana Tarazona Martínez, Jaime Yoshiyama Tanaka, Pier Figari Mendoza y José Chlimper Ackerman.

Además, por el mismo periodo de 36 meses, se les impuso cuatro reglas de conducta: obligación de no variar su actual domicilio sin previa autorización del juez; comparecer cada 30 días ante la Fiscalía para el registro de control biométrico y al juzgado para informar de sus actividades; presentarse a las citaciones de la Fiscalía y del juzgado cada vez que se les requiera y la prohibición de comunicarse con coimputados, testigos o peritos de este proceso.

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De esta última prohibición quedan exceptuados los familiares cercanos, abogados y contactos por motivos profesionales. Por su condición de padres, el juez también excluyó de la medida a Fujimori y Vito, dado que ahora ya no tienen una filiación familiar.

Apelación

Además, se impuso el pago de una caución a Vicente Silva de 20.000 soles; a Ana Herz, 15.000 soles; a José Chlimper, 40.000 soles; y a Mark Vito, 10.000 soles, que se deberá abonar dentro del plazo de 10 días hábiles. Fujimori ya depositó antes una caución de 70.000 soles.

El juez rechazó el pedido de la Fiscalía para imponer a este grupo de investigados otras 16 reglas de conducta, que las defensas habían considerado exageradas y muy genéricas, como no tener comunicación con medios de prensa o funcionarios bancarios.

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Zúñiga Urday también denegó el pedido de la Fiscalía para imponer a Fuerza Popular una vigilancia judicial mientras dure el próximo juicio público por el presunto lavado de activos durante las campañas electorales del 2011 y 2016.

La decisión del magistrado fue apelada por la fiscal adjunta Paulina Roque Soplapuco y los abogados defensores de los personajes antes mencionados.

Los abogados argumentaron que este grupo de procesados ya había cumplido antes medidas restrictivas de libertad similares, que en su momento fueron revocadas por la instancia superior, al considerar que se afectaron sus derechos.

Terminó el control de acusación

Con el dictado de las nuevas reglas de comparecencia para Keiko Fujimori y sus colaboradores políticos, el juez Víctor Zúñiga Urday dio por concluido el debate de la etapa intermedia del proceso y el control de la acusación fiscal.

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Zúñiga indicó que en el más breve plazo emitirá la resolución para pasar a juicio público, aunque hay una serie de incidentes pendientes de apelación.