El Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato solicitó revocar la reciente resolución judicial que autoriza a Keiko Fujimori ausentarse de Lima, desde el 21 al 23 de abril, para realizar actividades familiares en provincia. Dicha medida fue aprobada el 4 de abril por el juez Víctor Zúñiga.
El documento también indica que la lideresa de Fuerza Popular tiene la obligación de informar sobre sus viajes en un plazo de tres días hábiles al término de estos, bajo advertencia de anularse de forma inmediata su mandato de comparecencia.
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La Fiscalía argumenta que el recurso interpuesto por la defensa legal de la excandidata presidencial se intenta justificar irracionalmente el pedido, sin aducir razones "excepcionales o de necesidad", porque dichas actividades familiares se pueden realizar en la capital.
Además, la instancia fiscal indica que la documentación no indica lugares específicos, el itinerario detallado y las zonas por donde se movilizará Keiko Fujimori en su viaje a provincia. También se insistió en que se deben tener en cuenta los delitos que se le imputan, por los cuales se está solicitando más de 30 años de prisión.
Para la Fiscalía, la lideresa de Fuerza Popular sería cabeza principal de una organización criminal que blanqueó activos ilícitos de distintas fuentes, en el marco de las campañas electorales de los años 2011 y 2016. También se la señala por supuestamente interferir en la independencia del Poder Judicial y autonomía del Ministerio Público, entre otros.
Recientemente, se difundió un informe en el que se revela que el empresario Edmond Jordán, cofundador de la Promotora Inmobiliaria Primavera, y el investigado Joaquín Ramírez habrían comprado a Keiko Fujimori y a su entonces esposo, Mark Vito Villanella, un predio de 1.035 metros en Cieneguilla, valorizado en 201.016 dólares.
Además, según el mandato del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del magistrado Víctor Zúñiga Urday, la excandidata presidencial y los hermanos Joaquín y Osías Ramírez Gamarra son parte de las 14 personas imputadas por un caso de crimen organizado vinculado con lavado de activos en agravio de la Universidad Alas Peruanas (UAP) y del Estado.