Martín Vizcarra: amparos con los que busca anular inhabilitación a punto de ser resueltos

Pese a que fue el candidato al Congreso más votado en las Elecciones Generales 2021, el expresidente Martín Vizcarra no recibió las credenciales de parlamentario por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Ello debido a que fue inhabilitado 10 años de la función pública por el Legislativo 2020-2021 solo cinco días después de los referidos comicios, el 16 de abril de 2021.

El pleno del Congreso determinó que Vizcarra Cornejo violó seis artículos de la Constitución al ser inoculado irregularmente con dos dosis de la entonces candidata a vacuna contra la COVID-19 de Sinopharm, así como solicitar que también se le apliquen dichas dosis a su esposa y hermano.

Días antes de la votación, el 5 de abril de 2021, el exmandatario interpuso una acción de amparo contra el Congreso a fin de que se declare nulo el trámite de la denuncia constitucional en su contra. Alegó que los actos imputados— la vacunación irregular— “no están tipificados como infracciones” a la carta magna.

También consideró que se habían vulnerado los principios al debido proceso en su manifestación del derecho a la defensa, plazo razonable, debida motivación y principio de legalidad.

El Sexto Juzgado Constitucional de Lima rechazaría de manera preliminar la demanda en mayo de 2021, decisión que fue anulada por la Primera Sala Constitucional en octubre del mismo año. El recurso de Vizcarra fue admitido recién en agosto de este 2022.

La audiencia tuvo lugar el último 10 de octubre. El caso está a cargo de la jueza Karen Moscaiza Temoche, quien en los próximos días deberá emitir la sentencia respectiva.

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La actual conformación del Congreso también dispuso la inhabilitación de Martín Vizcarra en la sesión plenaria celebrada el 11 de mayo de este año. En este caso se le acusó de infracción constitucional por no declarar que tenía acciones en la empresa C y M Vizcarra, cuando ejercía como Ministro de Transportes y Comunicaciones de PPK.

Específicamente se determinó falta al tercer párrafo del artículo 126 de la carta magna: “Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.

La denuncia constitucional fue presentada por la exfujimorista Yeni Vilcatoma, quien también denunció que Vizcarra Cornejo habría favorecido a la empresa Obras de Ingeniería S. A. C. (Obrainsa), debido a que esta, junto a C y M Vizcarra, conformaron un consorcio que ganó obras con el Estado. No obstante, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no logró demostrar esto.

El 30 de mayo de 2022, la defensa de Martín Vizcarra interpuso un nuevo recurso de amparo en el que pide la nulidad del referido proceso debido a que, según argumentan, el Congreso incurrió en una “imposibilidad jurídica”.

Recuerda que ya se expidió la resolución legislativa que lo inhabilita 10 años de la función pública, por lo que, alega, no cabría la posibilidad de una segunda inhabilitación.

La audiencia de este caso se llevó a cabo el último 20 de octubre y fue dirigida por la jueza Rosario Llanos Campos. La resolución final será emitida pronto.