El actual asesor del presidente Pedro Castillo y exlegislador Daniel Salaverry Villa cumplirá una serie de restricciones que le ha impuesto el Poder Judicial en el marco de una la investigación que se le sigue por haberse apropiado irregularmente, según la Fiscalía, del presupuesto que le asignó el Parlamento para gastos de semana de representación entre el 2017 y 2018.
Juan Checkley Soria, juez supremo que revisa el caso, dictó en este sentido diversas limitaciones contra Salaverry: no ausentarse de sus lugares de residencia en Lima y Trujillo (sin autorización judicial previa), acudir obligatoriamente al Juzgado una vez al mes, asistir a todas las citaciones fiscales y pagar S/10.000 al Estado.
Además, Salaverry no podrá contactarse con sus exasesores parlamentarios Marco Quesada Castro (Asesor I), Luis Calderón Carbajal (Asesor II), Juan Llontop Gamarra (Asistente) y Segundo Ortiz Ramírez (Técnico), quienes también se habrían beneficiado del cobro irregular en el Congreso. Salaverry tampoco podrá comunicarse con la testigo Ruth Aguilar Coello.
A Salaverry se le imputó específicamente haberse apropiado de “caudales públicos entregados por la Dirección General de Administración del Congreso de la República por concepto de gastos de semana de representación en La Libertad entre noviembre y diciembre del 2017; y enero, febrero y marzo del 2018″.
Por estos hechos se investiga a Salaverry por los delitos de peculado doloso, falsedad ideológica y falsedad genérica. Si bien en junio pasado, su defensa pidió archivar la investigación por imputarse hechos que no encajaban con los delitos que le imputaba el Ministerio Público, el juez Checkley desestimó este pedido.
“A criterio de este juzgado, el apropiarse, para sí o para terceros, de viáticos o de las asignaciones económicas entregadas por el Congreso de la República a mérito de la semana de representación sí podría constituir delito de Peculado Doloso”, manifestó el juez a fines de junio, tal como informó este diario en su oportunidad.