
La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Tacna confirmó la resolución que declaró infundado el pedido de cese de detención domiciliaria para el gobernador electo, Luis Torres Robledo. El periodo de esa orden judicial concluye en setiembre de 2023.
Torres es investigado por presuntos hechos de corrupción que la Fiscalía sigue desde el 2018, por el caso denominado “Los limpios de Tacna”. Por ese motivo, la Fiscalía pidió su prisión preventiva, pero el juzgado ordenó en primera instancia la detención domiciliaria de Torres por la condición de vulnerable ante la COVID-19.
La defensa legal de Torres evalúa presentar un recurso de casación extraordinario o un nuevo pedido de cesación de detención con los nuevos elementos que sí reconoció la Sala Penal (arraigo laboral) en su fallo.
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La sala no ha reconocido el arraigo familiar de Torres por no contar con hijos menores de edad y no figurar como casado, aunque este último punto fue corregido en su documento de identidad. Además, Torres ha solicitado que se inhiba de ver el caso el juez del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria, Juan Portugal Vega, quien lo atendió en primera instancia.





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