Martha Moyano pasó por alto alertas en su dictamen contra el sistema electoral
Sobre juicio político. Todas las instituciones y opiniones citadas en su propuesta para someter a las autoridades electorales advirtieron que era un atentado a su autonomía.
Cuando una comisión ordinaria del Congreso elabora un predictamen –que reúne todos los proyectos de ley sobre un tema–, solicita las opiniones de las instituciones involucradas, organizaciones, especialistas y ciudadanos.
Así lo hizo la Comisión de Constitución, que preside la fujimorista Martha Moyano, antes de presentar su predictamen sobre la reforma constitucional del artículo 99 de la Carta Magna, que propone someter a las autoridades electorales a denuncias constitucionales, pero no las tomó en cuenta.
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La congresista Martha Moyano propuso esta contrarreforma pese a que todas las opiniones recibidas alertaron sobre el peligro que representa.
El texto de Moyano recibió las observaciones del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas; el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto; y la jefa del Reniec, Carmen Velarde. Ellos cuestionaron la iniciativa porque atenta contra la autonomía del sistema electoral.
Y no fueron las únicas voces en esa sintonía.
El predictamen de la fujimorista Moyano también cita la opinión técnica que formuló en 2023 la entonces defensora adjunta de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto, quien también advirtió el peligro de que los organismos electorales puedan perder imparcialidad, independencia y autonomía si el Congreso puede remover a sus titulares a través de juicios políticos.
La congresista de Cambio Democrático Susel Paredes, por su parte, envió la transcripción del conversatorio “Acusación constitucional contra titulares del JNE, ONPE y Reniec”. Con ello, el predictamen de Moyano incluyó las opiniones de la entonces presidenta de la Asociación Civil Transparencia, Adriana Urrutia, quien consideró que esta contrarreforma somete a la autoridad electoral al juicio de quienes son arbitrados por ella.
De igual modo, recogió la opinión del director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, José Villalobos, quien se opuso a la acusación por infracción constitucional contra las autoridades electorales.
Moyano, pese a todas las observaciones, insistió con la modificación constitucional y ha apelado a las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) del 2003 y 2023 que exhorta a reformar el artículo 99 de la Constitución.
Y lo hizo pese a que en su texto cita la posición del constitucionalista Pedro Grández, quien le recuerda que en la sentencia del 2023 el Tribunal Constitucional (TC) solo exhorta a incluir a las autoridades electorales en el proceso de antejuicio político (acusación de índole penal) y no en juicio político (infracción a la Constitución).
Al final, Moyano insistió en modificar el artículo 99 de la Carta Magna en base a la sentencia del 2023 del TC elegido por este Congreso.
El martes 9 ese texto fue aprobado en la Comisión de Constitución. Con ello, formalmente es un dictamen que aguarda ser votado en el Pleno.
Denuncia constitucional
El antejuicio político es un proceso para acusar a altos funcionarios de presuntos delitos penales y el juicio político es cuando se imputan infracciones constitucionales que conllevan a la inhabilitación de la función pública hasta por 10 años.
Las observaciones formuladas contra la propuesta de Martha Moyano
Defensoría del Pueblo alertó sobre el riesgo de esta contrarreforma
Adriana Urrutia, de Transparencia, y José Villalobos, del IPDE, también cuestionaron esta contrarreforma.
