El Pleno del Congreso aprobó acusar por rebelión y conspiración a la ex presidenta del Consejo del Ministros, Betssy Chávez, y a los exministros del Interior, Willy Huerta, y de Turismo, Roberto Sánchez, por ser presuntos cómplices del intento fallido de golpe de Estado de Pedro Castillo.
El informe final realizado por el congresista de Acción Popular, Wilson Soto, incluyó, además, la recomendación de suspender a sus colegas Chávez y Sánchez mientras duren las investigaciones del Ministerio Público.
Esta semana fue clave para el futuro legal y político de la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez, luego de que recomendaran acusarla por la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración. Esto podría ser acompañado de su desafuero parlamentario a través de un mecanismo de suspensión que dudaría mientras duren las investigaciones en su contra, pero que en la práctica acabarían con su etapa como legisladora.
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A pesar de que Betssy Chávez intentó mostrar un nuevo rostro, en los últimos días, para evidenciar que se allana a las investigaciones, solicitó —a través de un oficio enviado a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides— el levantamiento de su secreto bancario, reserva tributaria y bursátil, así como el de las comunicaciones; pero esto no habría atenuado el anuncio de la Superintendencia Nacional de Migraciones de disponer una alerta migratoria restrictiva de impedimento de salida del país en su contra por 15 días. Al final, todo lo decidirá el Pleno.
El informe final, aprobado por la SAC y posteriormente respaldado en votación por la Comisión Permanente, recoge seis puntos clave por los que se le atribuye la calidad de coautora a Betssy Chávez Chino por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. Estos se encuentran detallados en la parte del “Análisis del caso concreto de la determinación de indicios”, información que servirá para que los integrantes del Parlamento tomen su decisión y fundamente su voto este miércoles 22.
PRIMERO: el día 07 de diciembre de 2022, Betssy Chávez guio al equipo de TV Perú, compuesto por la señorita Cintya Isabel Malpartida Guarniz y Antonio Pantoja Ochoa, desde el interior de la PCM al despacho presidencial en Palacio del Gobierno, donde se leyó el último mensaje a la Nación del entonces presidente de la República, Pedro Castillo.
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Roberto Sánchez y Betssy Chávez en la última conferencia de prensa del gabinete que presidió la congresista de Perú Democrático. Foto: PCM
SEGUNDO: no emitió pronunciamiento privado o público alguno en contra del contenido del mensaje a la Nación, sea en forma inmediata a su emisión o posteriormente, incluso no mencionando los hechos sucedidos en su carta de renuncia al cargo de presidenta del Consejo de Ministros.
TERCERO: mantuvo reuniones en Palacio del Gobierno el 06 y 07 de diciembre de 2022, existiendo evidencias de sus ingresos al despacho presidencial. Aunque extrañamente sus movimientos dentro de la Casa de Pizarro del mes de diciembre de 2022 no se encuentran registrados.
CUARTO: las reuniones que mantuvo en Palacio no tendrían relación con la estrategia de defensa frente a la moción de vacancia del cargo del presidente de la República, cuyo debate y votación era para las 3.00 p. m. del día 07 de diciembre de 2022, como lo han declarado otros ministros de Estado y abogados encargados de dicha defensa.
QUINTO: tanto la PCM como el despacho presidencial cuentan con órganos especializados referidos a la coordinación con los medios de comunicación y prensa, no existiendo una explicación razonable de porque la entonces primera ministra asumió el encargo de dicha coordinación tanto para hacer ingresar al equipo de TV Perú como para escoltarlos en su salida.
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SEXTO: existen indicios razonables que permiten afirmar que la denunciada se mantuvo en el despacho presidencial por varios minutos después de emitido el mensaje a la nación, se indica en el informe final elaborado por la SAC, el cual será clave para definir el futuro legal y político de Chávez Chino.
En cuanto a la votación, se requiere una mayoría simple del total de congresistas, restando a los integrantes de la Comisión Permanente (en total 23), quienes no pueden ejercer su voto al ya haberlo realizado en una instancia anterior.
“El acuerdo aprobatorio de una acusación constitucional, por la presunta comisión de delitos en ejercicio de sus funciones, requiere la votación favorable de la mitad más uno del número de miembros del Congreso, sin participación de los miembros de la Comisión Permanente”, se lee en el artículo 89 del reglamento del Congreso.
Por el caso Betssy Chávez se realizarán 2 votaciones, en ambas se requieren 66 votos. Foto: Congreso
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Finalmente, de ser aprobado, el expediente de la acusación constitucional será enviado a la fiscal de la Nación, la cual debe formular una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia en el plazo de cinco días naturales. Es el vocal supremo en lo penal el que deberá abrir la instrucción correspondiente.
De alcanzarse los votos, Betssy Chávez quedaría suspendida e ingresaría, en su lugar, a ocupar su escaño en el Parlamento su accesitario y nuevo representante de la región Tacna. Al no existir una sentencia que cancele su mandato como legisladora, el Parlamento se verá obligado a seguir depositándole su remuneración en una cuenta del Banco de la Nación, a la cual podrá acceder de ser absuelta. En el caso contrario, el dinero regresará al Poder Legislativo.
En diálogo con La República, el constitucionalista y experto en temas parlamentarios César Delgado Guembes explicó lo siguiente: “Como está suspendida y no hay sentencia que cancele su mandato, los emolumentos son depositados en una cuenta. Si es absuelta, se le entrega el íntegro tras el conocimiento de la sentencia. Si es condenada, el monto revierte al presupuesto del Congreso”.
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De la misma opinión es Hugo Rovira, ex oficial mayor del Parlamento: “Se deposita en una cuenta especial del banco de la Nación y, de ser absueltos, se les entrega el monto. De no ser absueltos, el monto revierte al tesoro público”.