Congreso: acusan a Pedro Castillo por organización criminal
Antejuicio. Parlamento aprobó informe final de la denuncia constitucional que planteó la fiscal de la Nación. Pedro Castillo solicitó a última hora acudir al hemiciclo del Congreso para ejercer su derecho a la defensa.
El Congreso dio el último paso en el proceso de antejuicio político contra el expresidente Pedro Castillo y aprobó el informe final de la denuncia constitucional que le planteó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. En consecuencia, el Legislativo acusó al exmandatario por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias en agravio del Estado. La resolución legislativa recibió 59 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones.
Votaron en contra de que se le levante la prerrogativa de antejuicio político a Castillo Terrones las bancadas de Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario y Perú Democrático. También se registraron los votos en contra de dos acciopopulistas sindicados como ‘Los Niños’, Darwin Espinoza y Jorge Flores; los exministros Roberto Sánchez (Cambio Democrático) y Óscar Zea; y el no agrupado Luis Picón.
Acusación fiscal
De acuerdo a la tesis de la Fiscalía de la Nación, Pedro Castillo sería el presunto líder de una organización criminal enquistada en el Gobierno dedicada a copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones en entidades como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y Petroperú. Para concretar estos presuntos actos ilícitos, el exmandatario habría “planificado y decidido la forma de intervención de los miembros de la organización criminal que se relaciona con el nombramiento de ministros y personal afín a la organización criminal”.
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Fiscal Patricia Benavides acusó a Pedro Castillo por organización criminal ante el Congreso cuando aún él era presidente de la República. Foto: composición La República
“El expresidente José Pedro Castillo Terrones, durante el ejercicio de su periodo presidencial, habría hecho mal uso de su alto cargo y lideraría una presunta organización criminal que se habría enquistado en los más altos niveles del aparato estatal para perpetrar delitos contra la administración pública”, se lee en la disposición del Congreso.
Con esta decisión, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, podrá formalizar la investigación preparatoria contra el ex jefe de Estado y, en consecuencia, requerir al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria la imposición de medidas coercitivas, como una orden de prisión preventiva de hasta por 36 meses, comparecencia con restricciones o impedimento de salida del país.
Defensa
Eduardo Pachas ejercería la defensa del expresidente frente al Pleno del Congreso. Sin embargo, antes de iniciar su exposición, intentó sin éxito que se acepte la participación de su patrocinado de manera presencial.
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El pedido fue desestimado por el presidente de la Mesa Directiva, José Williams, ya que el Parlamento dispuso que un servidor se apersonara al Penal de Barbadillo a fin de que se le pueda brindar a Castillo la conexión necesaria para intervenir a través de la plataforma virtual del Congreso. “El presidente de la República y el abogado defensor que les habla no aceptamos el tema de la virtualidad”, insistió Pachas.
Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, acusó al letrado de pretender dilatar y obstruir el debate y la votación del informe final. “El Congreso le ha dado todas las facilidades a Pedro Castillo para que pueda participar, no solo en esta audiencia, sino en todas las investigaciones que se le siguen en el Parlamento. Pero lo único que hemos obtenido han sido acciones dilatorias y la nula colaboración para el esclarecimiento de los hechos”, dijo la congresista de APP.
En su intento de defender a su patrocinado, Eduardo Pachas afirmó que los congresistas también integrarían la presunta organización criminal de Pedro Castillo debido a que otorgaron el voto de confianza a los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado. También cuestionó al Parlamento por no haber observado el Decreto de Urgencia 102-2021, que autoriza el financiamiento de obras públicas por parte del Ministerio de Vivienda.
Asimismo, criticó que, pese a que supuestamente direccionó licitaciones, aún no se ha identificado una cuenta bancaria a nombre de Pedro Castillo con movimientos irregulares.
Exministros también son acusados
El Pleno del Congreso también acordó acusar a los exministros Juan Silva (MTC) y Geiner Alvarado (MVCS).
El abogado del prófugo Silva Villegas no pudo hacer uso de la palabra debido a que no fue debidamente acreditado, mientras que Alvarado López se allanó a las conclusiones del informe final y solicitó que se apruebe el documento.
Acusado por tres delitos
Esta es la propuesta de resolución del Congreso que levanta la prerrogativa de antejuicio político a Castillo.
